VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha la maquinaria administrativa para reactivar la unidad de ejecución más grande del casco histórico de la ciudad, en Ciutat Vella. La aprobación del Plan Especial de Protección (PEP) de este distrito durante el pasado mandato sentó las bases que han permitido resucitar este 'vacío' en el centro, situado en la orilla del antiguo cauce del Turia, en la avenida de Guillem de Castro, que permitirá completar la trama urbana y supondrá, a su vez, el derribo de un edificio de 18 viviendas.
El pasado lunes 11 de marzo, la concejalía de Urbanismo admitió a trámite el programa presentado por los propietarios de la mayoría del suelo para ejecutar la urbanización. Ahora, la Agrupación de Interés Urbanístico -formada por los dueños del 60% de los terrenos- deberá presentar la documentación completa antes de dar luz verde a la ejecución de las obras.
Esta unidad de ejecución (UE-22), que comprende más de 11.000 metros cuadrados, puede llevarse a cabo gracias a la vigencia del planeamiento urbanístico recogido en el PEP, aprobado en 2020 por Compromís y PSPV y con el que que no sólo se protegieron diversas edificaciones ya existentes en esta zona, delimitada por la avenida Guillem de Castro y las calles Na Jordana y Llíria, sino que también se reordenó la distribución de los usos sobre el plano, con previsiones de nuevas fincas y a su vez, el derribo del mencionado edificio.
Se trata de una "gran manzana" singular que fue ocupada por "lo que podemos definir como pequeño complejo industrial (en la que se instaló la fábrica Tello entre otras), del que todavía se conserva edificaciones industriales con valor patrimonial, de las que quedan muy pocos ejemplos en Ciutat Vella", así como restos de la muralla bajomedieval en la fachada recayente a Guillem de Castro, tal como reza el Plan Especial.
El nuevo planeamiento, sobre el que debe desarrollarse la unidad de ejecución, protege el complejo industrial al completo y preserva los restos de la muralla, e incluye "la realización de edificaciones de carácter residencial que integran también espacio libre privado de carácter ajardinado, en convivencia con el espacio libre de la manzana y las antiguas edificaciones protegidas". En ese sentido, el Plan crea "una secuencia de espacios libres públicos y privados que rememoran los antiguos huertos que aquí existían y el esponjamiento de la trama urbana que su presencia ocasionaba".
Concretamente, la unidad de ejecución comprende más de 20.400 metros cuadrados de techo de edificabilidad (17.200 residencial y otros 3.200 terciaria). Lo que resulta, siempre según el Plan Especial, en una capacidad de 172 viviendas y unos 430 habitantes. Así pues, se trata de la unidad de ejecución de mayor envergadura de todo el casco histórico: supone casi la mitad de edificabilidad, viviendas y habitantes potenciales del total de 5 unidades de ejecución previstas en el distrito.
Así pues, el PEP establece que se creará "una fachada urbana" hacia Guillem de Castro, pero no lo hará "de manera continua" sino con "piezas que recuerdan la disposición de las antiguas fábricas que permiten una buena integración del espacio libre con la edificación", tal como se muestra en el plano explicativo superior. A la postre, según el Plan Especial, esta fachada "no se considera un valor a preservar" dado que data de la última mitad del siglo XX y se desarrolló bajo "otros modelos urbanísticos".
Situación actual
Plano futuro: viviendas (gris) y suelo terciario (lila)
Derribo y realojo
En la unidad de ejecución, actualmente existe un edificio de 18 viviendas y 2 bajos que se encuentra fuera de ordenación. En ese sentido, cuando se lleve a cabo la actuación de urbanización, el edificio estará destinado a desaparecer. Por ello, el Plan Especial de Ciutat Vella recoge que los promotores de la unidad de ejecución deberán asumir como cargas urbanísticas el coste del realojo de sus habitantes.
Durante el tiempo de ejecución de las obras, que tienen un plazo de dos años desde su inicio, "el promotor de la actuación deberá garantizar a las personas residentes en el edificio una vivienda de sustitución en régimen de alquiler que tenga las condiciones de habitabilidad propias de una vivienda de protección oficial, situada preferentemente en el mismo barrio", asegura el plan sobre este punto, para a continuación cifrar las cargas urbanísticas para este menester en 432.000 euros (900 euros al mes por inmueble) "a repercutir a todos los propietarios de la actuación". Por otra parte, y para el retorno de los habitantes, se les deberá proporcionar una vivienda nueva "en el mismo solar o en el entorno del edificio demolido".
Para que los promotores pudieran asumir dichas cargas urbanísticas, el Ayuntamiento decidió eliminar seis parcelas de uso socio-cultural, al mismo tiempo que aumentó la edificabilidad de uso terciario. Una medida, esta última, que no sólo permite hacer viable económicamente la unidad de ejecución, sino también sirve para dar "un impulso para la rehabilitación y puesta en uso y valor de las edificaciones industriales que ahora se incorporan al catálogo".
Situación actual
