VALÈNCIA. La presidenta del PP en la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, comparecerá este jueves como testigo ante la juez que investiga supuestas irregularidades en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, organizadora de la visita del papa a València en 2006 y, más en concreto, para declarar sobre la condonación de una deuda de más de medio millón de euros de dinero público a esta organización.

Bonig está citada a partir de las nueve de la mañana en el marco de una serie de comparecencias de testigos en esta causa que continuarán a lo largo del mes de noviembre y diciembre, según han informado fuentes cercanas al caso.

En esta causa están investigados, entre otros, el ex president de la Generalitat Francisco Camps y los exvicepresidentes del Gobierno valenciano Juan Cotino y Víctor Campos, todos en relación con supuestas irregularidades en la financiación con dinero público de esta fundación creada para la visita del Papa a València en julio de 2006.

El caso se centra en determinar el carácter público o privado de esa fundación -donde participaron la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento, además del Arzobispado- y, en consecuencia, si los contratos de la Administración con ella se efectuaron o no legalmente.

El juzgado de instrucción número 5 de València investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación y fraude a la Administración en esos contratos de la visita de Benedicto XVI a raíz de una denuncia de la Fiscalía Provincial de Valencia.

La causa, abierta en julio de 2016, tiene su origen en la pieza separada del caso Gürtel remitida a València por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

Este juez se inhibió en favor de los juzgados de València en relación con la investigación de las contrataciones de la Fundación desde su constitución, en enero de 2005, hasta su extinción, en marzo de 2014.

La juez quiere aclarar si las adjudicaciones a la Fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a València en julio de 2006 vulneraron las normas generales de contratación y concurso en concurrencia pública.