VALÈNCIA (EFE) La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha pedido al president Ximo Puig “agilizar la tramitación de los ERTE y adelantar el pago a los trabajadores”, además de que los expedientes por fuerza mayor puedan prorrogarse y que al acabar el estado de alarma no se obligue al comercio a incorporar inmediatamente al 100 % de la plantilla mientras no haya una recuperación de la demanda.

Bonig ha pedido que el Consell suscriba, como ha sucedido en Galicia, "un acuerdo con las entidades bancarias para que adelanten el importe del ERTE a los trabajadores afectados que no hayan cobrado la nómina de marzo y que la de abril la cobrarán en mayo".

Ese acuerdo con las entidades financieras debe ser "no solo para ese adelanto del salario, sino también para que el aval que concede el ICO del 80 % sea completado por el IVF con un 20 %. Así, el aval sería del cien por cien y las entidades bancarias tendrían seguridad para dar liquidez al cien por cien al pequeño comercio, que es lo que hoy necesita", según la líder de los populares valencianos.

Bonig ha mantenido este viernes una reunión telemática con representantes de Confomerç, Confederación de Comercio de Alicante, Castellón y Valencia, para abordar medidas de reactivación económica tras la pandemia de coronavirus, según informa el partido en un comunicado.

Isabel Bonig ha señalado que “la paralización está afectando a decenas de miles de empresas y trabajadores y muchas van a tener que cerrar, por eso es urgente tomar medidas para poder iniciar la actividad económica. Pero no puede haber inicio de la actividad económica sin que esté controlada la expansión de la pandemia. Para eso es necesario, en primer lugar la realización de test masivos para toda la población”.

La líder popular ha indicado que “íntimamente relacionado con el turismo está el comercio. Todo el proceso de desescalada, además de test masivos necesarios para volver, requiere de unas instrucciones. El proceso debe ser armónico en toda la Comunitat, por eso desde la Generalitat, desde su departamento de Salud pública, debe dar unos criterios claros, unas normas de seguridad para que el pequeño y mediano comercio abra”.