VALÈNCIA (EFE). La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha manifestado que el "problema político" catalán "no lo puede resolver la Justicia" y ha denunciado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "no ha sabido afrontarlo con la dosis de diálogo necesaria".

En los desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia, la también exportavoz del Consejo General del Poder Judicial ha reconocido sentirse "preocupada" porque tiene la sensación de que las "instancias políticas" pretenden que sea la Justicia "la que resuelva el problema".

"Se escucha constantemente que hay que reformar la Constitución, y no pasa nada por hacerlo. Es evidente que la Carta Magna se ha quedado fuera de la realidad o de las necesidades territoriales, pero vemos la incapacidad para dialogar, negociar, y un problema como este no se puede abordar desde la confrontación y la amenaza, como se está haciendo", ha agregado.

Según Gabriela Bravo, la Justicia "ha de ejercer su papel, como siempre, como hace en el ámbito de la corrupción o la violencia. Pero el problema político que tiene el Gobierno con Cataluña no lo puede resolver la Justicia, sino que el Ejecutivo ha de pensar más allá de las actuaciones de la Fiscalía o los tribunales, que por cierto comparto", ha precisado.

"Cuando hay una vulneración de las leyes hay que actuar, no nos podemos permitir que una comunidad se quede fuera de la legalidad por decisión propia. Mi máximo respeto al trabajo de jueces y fiscales. Pero dicho esto, la responsabilidad la tiene el presidente del Gobierno, que no ha sabido afrontar el problema con la necesaria dosis de diálogo, tan importante en este momento", ha afirmado.

En opinión de la consellera, "siempre ha de haber una ventana abierta al diálogo, si nos cerramos a esa posibilidad, a una salida consensuada, a nuevos horizontes, ya no hablamos de democracia, sino de otra cosa".

"Yo lamento que ahora tenga que actuar la justicia por la incapacidad de unos responsables políticos. Cataluña primero era un problema político, ahora es un problema judicial", ha añadido.

Bravo ha dejado claro que "ciertas conductas -por parte de políticos catalanes- tienen nombres y apellidos en nuestro Código Penal, y el Estado ha de actuar con todos los mecanismos previstos para responder, para garantizar la legalidad, esto está fuera de toda duda. No se deben cerrar las puertas al diálogo, sin perjuicio de que se dé respuesta a medida que se incumplen las leyes".