VALÈNCIA. Diego Marín es el director general de prevención de incendios de la Generalitat Valenciana, un área que se encuentra dentro de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Accedió por primera vez al puesto en el año 2019, tras la toma de posesión del segundo gobierno del Botànic. Es ingeniero de montes e ingeniero técnico forestal.
Anteriormente, su carrera profesional se había desarrollado como funcionario dentro de los órganos de la Generalitat Valenciana, como Técnico Superior de Inspección y Gestión Forestal Sostenible de la Dirección General de Medio Natural y de Evaluación Ambiental. Durante el año 2020, un ejercicio marcado por la covid-19, se muestra especialmente satisfecho de haber sido capaz de amortizar la mayor parte del presupuesto en materia de prevención de incendios forestales, a pesar de las limitaciones impuestas por la pandemia.
Para este 2021, su dirección general ha presentado la Estrategia Mosaico, un plan por el que se regirán todas las inversiones y que tiene como objetivo afianzar la lucha contra las llamas desde una perspectiva transversal: planificación, prevención, innovación y gestión. Cuatro palabras con las que se afrontarán materias tradicionales como los observatorios o las brigadas, pero que también abren la puerta a nuevos proyectos de renovación e I+D.
- En 2020, la Dirección General de Prevención de Incendios tuvo un presupuesto de 25,6 millones de euros. Una cifra que para el 2021 ha aumentado hasta los 27,1. ¿Dónde se va a notar este incremento?
La dirección general recibió 23 millones de euros para ejecutar entre 2014 y 2020 de los Planes de Desarrollo Rural de los Fondos Feder. El año pasado se quedó cerca de un millón de euros por ejecutar, de modo que se ha incorporado al presupuesto de 2021. Este dinero va principalmente destinado a las infraestructuras para la prevención de incendios. Es decir, mejora de pistas, depósitos forestales, áreas de cortafuegos, observatorios...
Luego, otra partida muy importante es la de 600.000 euros para ayudas y subvenciones. Estas se dividen en dos partes: por un lado, hemos habilitado 500.000 euros para apoyar los planes locales de prevención de incendios. Estas ayudas van destinadas a todos los ayuntamientos que ya han elaborado y ejecutado su plan, para que puedan a empezar a implementarlo. La aplicación de estas normas es responsabilidad del consistorio, que es el que también tiene que dotarlo de presupuesto, pero desde la dirección general hemos querido sacar estas subvenciones para complementarlo.
Y luego, también hemos puesto en marcha 100.000 euros de ayudas para buscar alternativas al uso del fuego en las quemas agrícolas. Por ejemplo, estos fondos podrán utilizarse para comprar maquinaria de trituración para los restos. Estos servicios suelen ofrecerlos los ayuntamientos o las mancomunidades, que son quienes hacen el esfuerzo económico.
- Por sí solo, el capítulo de inversión en obras también ha experimentado un aumento importante en cuanto a presupuesto, de 7 millones en 2020 a 8,5 en 2021. ¿Cuáles son las principales actuaciones?
Tenemos 4,6 millones de inversión de fondos propios, y luego 3,8 millones de Fondos Feder. Esto hace los 8,5 millones. Además, también estamos esperando que nos llegue la ayuda del Ministerio de los Fondos de Recuperación y Resiliencia, de donde nos corresponden más de tres millones y medio a ejecutar entre 2021 y 2023. Así, para 2021 esperamos tener al menos 1,2 o 1,3 millones. Esto elevaría la cifra en inversiones hasta los 9,8 millones más o menos.
