VALÈNCIA. (EFE) La defensa del expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha solicitado al juzgado que le investiga en el caso Erial que cite a declarar a diez técnicos que intervinieron en las adjudicaciones de ITV y del plan eólico por las cuales se investiga a su defendido, para que aclaren si, como dice la acusación, sufrieron algún tipo de presión del imputado o de otros en la redacción de sus informes.

El también exministro está imputado en el conocido como caso Erial, que investiga un supuesto cobro de 10,5 millones en comisiones derivadas de manipular las concesiones de ITV y del plan eólico en la Comunitat a beneficio de empresas que, según los investigadores, pagaron luego a cambio esas comisiones.

Su defensa sostiene que la acusación se basa en meras coincidencias que no bastan para procesar a Zaplana e insiste en que se despeje si las concesiones fueron o no manipuladas, ya que si no lo fueron el resto del relato acusatorio, que incluye delitos como blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, no se sostendría.

Por eso ha pedido en un escrito dirigido al juzgado al que ha tenido acceso EFE “la testifical de determinadas personas que intervinieron en los procedimientos administrativos para la adjudicación de Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y para el desarrollo y ejecución de Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV)”.

Se trata no de políticos, sino de arquitectos, peritos o altos funcionarios de carácter técnico en cuyos informes se basó la adjudicación de las concesiones, dice la defensa, que quiere salir al paso así al argumento, que de todos modos no comparte, de que los que fueron altos cargos políticos con Zaplana podrían no decir la verdad. En este caso, es claro que Zaplana no conoce a las personas que son citadas, explica.

“No es baladí para la defensa –y tampoco debería serlo para el Ministerio Fiscal, ni para la Ilma. Sra. Magistrada Juez Instructora- determinar (…) si recibieron algún tipo de presión” estas personas, porque, dice el escrito de la defensa de Zaplana, ello permitirá despejar si existió o no un acto inicial de corrupción. Y tras despejar esa incógnita, se conocerá asimismo si se puede hablar del pago de “dádivas” que “serían el producto del delito”.

A su vez, si no hubo ese delito inicial, tampoco se puede hablar de blanqueo de capitales, añade, antes de señalar que “el delito de cohecho, como delito precedente del de blanqueo de capitales, es la clave de bóveda de la endeble construcción sobre la que se basa la imputación de don Eduardo Zaplana. Sin el delito de cohecho, todo el andamiaje jurídico que pretende sustentar la tesis acusatoria contra mi representado, se desmoronaría como un castillo de naipes”. 


En relación con los procedimientos de adjudicación el letrado Daniel Campos pide también que se incorporen a la causa informes técnicos que llevaron a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a la conclusión de que la Resolución de 25 de febrero de 2003 del consejero de Industria, Comercio y Energía de la Generalitat Valenciana por la que se seleccionan los proyectos del PECV era “conforme a Derecho”.

En el caso Erial figuran como imputados, además de Zaplana, el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas, el exconseller y exsecretario de Estado con el PP Fernando Castelló y la exdiputada del PP Elvira Suanzes.

El foco del caso Erial está puesto sobre las adjudicaciones de las ITV de la Comunitat Valenciana en 1997 y sobre el plan eólico autonómico en 2011.