VALÈNCIA. (EFE). El PP de Les Corts Valencianes ha asegurado este lunes que sendos informes del Consell Jurídic Consultiu y de la Subsecretaría de Presidencia de la Generalitat "coinciden y validan" las alegaciones que los populares presentaron al decreto que regula el funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos.

Así lo han explicado en rueda de prensa los diputados del PP Jorge Bellver y María Jose Ferrer, en la que han dado a conocer el expediente administrativo de ese decreto, al que han accedido después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano admitiera a trámite su recurso contra una Oficina que a su juicio es "ilegal".

Ferrer ha señalado que de ese expediente se desprende que el PP es el único partido que presentó alegaciones al decreto, las cuales fueron rechazadas por la Conselleria argumentado que se trataba de "juicios de valor", pese a que "coinciden en lo sustancial" con dos órganos independientes como el CJC y la Subsecretaría de Presidencia.

Así, ha asegurado que un informe de la Subsecretaría de Presidencia de marzo de 2017 indicaba que faltaba "fundamento legal" para las obligaciones fijadas para las Administraciones locales y estatal y que se vulneraba el principio de legalidad al aplicar el decreto en las relaciones privadas e "imponer" a los ciudadanos obligaciones que afectan al ejercicio de sus derechos.

Ferrer ha indicado asimismo que la Subsecretaría alertaba de que había en el decreto una "presunción de culpabilidad", ya que ante una reclamación contra alguien este no puede ser oído ni presentar alegaciones antes de que se dicte la respuesta, la cual queda inscrita en un registro y además no cabe ningún recurso.

Asimismo, ha explicado que el informe del CJC sobre esta norma incluye una observación esencial, que el Consell no ha admitido, que pedía que se suprimieran las referencias a las personas físicas y jurídicas de naturaleza privada como sujetos pasivos de las quejas y sugerencias.

Ferrer ha indicado que hay que fomentar el valenciano, "pero no imponerlo", y que "son muchos los valencianos que no quieren la imposición generalizada" ni "la fractura y el conflicto que se ha producido ya" en otros lugares, como Cataluña y Baleares.

Se ha preguntado si esa Oficina va a intervenir para "imponer el valenciano entre dos personas privadas", por ejemplo en un comercio, y ha aseverado que ese decreto crea una especie de "vigilantes lingüísticos, de "comisarios o de policía del hablar correctamente Botànic" que no necesita la sociedad valenciana.

Ha indicado que el PP ya tiene terminados recursos en materia de educación y también recurrirá la futura ley de empleo público si finalmente incluye el requisito lingüístico "como excluyente y obligatorio para todos los puestos de trabajo sin ninguna excepción".

Bellver ha lamentado que el decreto de la Oficina lingüística "invade" competencias de otras Administraciones e incluye la posibilidad de "delación o denuncia entre ciudadanos, lo que es ilegal", y ha defendido que en la Comunitat ya hay un garante de los derechos lingüísticos, el Síndic de Greuges, y un Servei d'Ús i Drets Lingüístics.