VALENCIA. El Consell interpondrá un recurso contra el Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de educación Secundaria y Bachillerato. Desde Educación se señala que, siempre dentro de la normativa vigente, se ha tenido como objetivo minimizar los efectos negativos de la LOMCE, por la que se implantaban las reválidas en el sistema educativo.

El Consell ha justificado esta decisión de recurrir el decreto que regula las llamadas reválidas por razones tanto pedagógicas como prácticas. "Obtener un resultado negativo en estas pruebas implica, según el real decreto, la no titulación del alumno, dejando sin validez los resultados obtenidos a lo largo de la etapa, con lo cual se relega a un único momento la valoración de todos los aprendizajes adquiridos", considera el Gobierno valenciano.

Por otro lado, opina que las pruebas "están claramente orientadas hacia los contenidos, lo que contradice las finalidades de la evaluación recogidas en la normativa", que a priori es evaluar el grado de adquisición de competencias y objetivos generales de la etapa. En el recurso se hace también referencia, igualmente, a "los elevados gastos de la realización de las mencionadas pruebas, por su consideración de externas y la gran cantidad de pruebas que se deben diseñar, coordinar, aplicar y corregir".

En el caso valenciano, y teniendo en cuenta el número de alumnos, centros, pruebas, tribunales y comisiones, los gastos se estiman en cerca de 950.000 €, cantidad insostenible más aún cuando en este curso las pruebas no tendrán consecuencias académicas, cosa que hace suponer un alto grado de no participación.

Por último, también hay que tener en cuenta la paralización organizativa que supondría la aplicación de las pruebas (se calcula en unos 2.000 profesores durante 5 días los implicados en la realización de las pruebas, cantidad que aumentaría en el momento de la corrección), además de la incidencia en el calendario escolar.