VALÈNCIA. El Pleno del Consell ha autorizado la encomienda de gestión al Ministerio del Interior para establecer y regular la participación del personal del Cuerpo de la Guardia Civil en las misiones de vigilancia y protección de edificios e instalaciones que albergan los órganos judiciales en la Comunitat Valenciana. 

En 2014 fue suscrito un convenio de colaboración y coordinación entre el Ministerio del Interior y la Generalitat Valenciana en materia de seguridad de los edificios judiciales autonómicos. Desde la suscripción del citado convenio se han firmado las correspondientes adendas para los años 2016, 2017 y 2018, necesarias para dar continuidad a la labor desarrollada de vigilancia y protección. 

No obstante, por razones de eficacia, la Generalitat considera conveniente conferir al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, una encomienda de gestión del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Este artículo establece que "la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño". 

En consecuencia, el objeto de este convenio de encomienda de gestión es fijar un nuevo marco de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Generalitat Valenciana para aprovechar la experiencia de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vigilancia y protección de las instalaciones y edificios judiciales de la Administración de Justicia en la Comunitat Valenciana. 

La Generalitat, para coadyuvar al desarrollo de las actividades previstas en el citado convenio de encomienda, aportará la cantidad de 3.482.274,97 euros para atender el pago del servicio de vigilancia en los edificios e instalaciones judiciales de la Comunitat para el ejercicio 2019.