El Estado emitirá 638 millones de deuda pública para pagar a los bancos por el almacén Castor

MADRID (EFE). El Estado financiará con cargo a deuda pública parte de la indemnización de 1.350,729 millones de euros a los bancos Santander, CaixaBank y Bankia fijada por el Tribunal Supremo por la cancelación del almacén de gas Castor frente a las costas de Vinaròs.

Para proceder a este pago, ante el "elevado importe" y las "necesidades" del Estado por la covid-19, se concede una ampliación del crédito por importe de 638 millones de euros "al no disponer" el Fondo de Contingencia de "recursos suficientes" para financiarlo. Esta ampliación de crédito, señala el BOE, se financiará con cargo a deuda pública y se ampliará hasta el importe total de la sentencia, financiándose su importe con baja en otros créditos del presupuesto del Estado.

La ejecución de la citada sentencia se llevará a cabo por el Ministerio de Hacienda al que, para poder proceder al pago de la misma, se le concede la ampliación del crédito destinado al pago de sentencias de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

El Alto Tribunal estimó parcialmente en su sentencia del pasado octubre el recurso de las tres entidades citadas, que en abril de 2018 presentaron ante el Ejecutivo una reclamación de responsabilidad del Estado legislador. En su reclamación, instaban a la devolución del dinero aportado para indemnizar a la exconcesionaria de Castor por la paralización del almacén de gas.

El Supremo reconoció el derecho del Santander, CaixaBank y Bankia a ser indemnizados por el Estado con 1.350,729 millones, cuantía que las tres entidades adelantaron a Enagás para facilitar el cierre del almacén submarino de gas Castor. Eso sí, finalmente no se ha atendido la reclamación vecinal para que sea la empresa adjudicataria del proyecto, Escal UGS, la que abone el importe.

A la mencionada indemnización se añaden los intereses compensatorios desde la fecha de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de la sentencia, sin perjuicio de los intereses legales que pudieran corresponder a partir de la citada notificación de conformidad con la normativa vigente, indica el BOE. Ahora falta por ver si el Gobierno carga en la factura del gas la indemnización definitiva, tal y como la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló recientemente que valoraba.