BARCELONA (EFE). La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha augurado este lunes que las reclamaciones planteadas por diferentes entidades financieras por sus aportaciones al almacén Castor, que el Gobierno tiene previsto clausurar definitivamente, acabarán "judicializadas".

"Dada la complejidad jurídica, con una sentencia del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Supremo y las dificultades para poder abordar la recuperación de todo aquello, sospecho que (las demandas) acabarán judicializadas", ha sostenido Ribera, al ser preguntada por los periodistas sobre si el Gobierno prevé dar algún paso para llegar a un acuerdo sobre estas reclamaciones.

Santander, CaixaBank y Bankia han presentado ante el Supremo una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para el almacén y que el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a devolver en 30 años, con cargo a la factura de los ciudadanos.

La ministra, que ha inaugurado un simposio sobre transformación digital y el sector energético en Barcelona, ha evitado además concretar a cuánto podría ascender el coste del desmantelamiento del almacén y a quién le correspondería asumir ese gasto. "Hay que plantearlo y discutirlo", ha señalado.

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en las próximas semanas la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del Castor, situado frente a las costas de Castellón, después de que el Ejecutivo haya llegado a la conclusión de que ya no es necesario.

En este momento, Castor está en situación de hibernación desde 2016 tras el medio millar de seísmos producidos en la zona relacionados con la inyección de gas en el almacén, que ocupa un antiguo yacimiento de petróleo.

Por otra parte, la ministra de Transición Ecológica ha abogado por un "cierre ordenado" de las centrales nucleares y ha instado a las empresas propietarias a elaborar de manera acordada un calendario que permita después un desmantelamiento "solvente y solido".

"Hay que velar por la seguridad del suministro, por la seguridad nuclear, y eso es lo que pretende el Plan Nacional Integral de Energía y Clima, pero la decisión sobre cuándo se cierran la debe tomar cada central nuclear", ha subrayado Ribera.

La ministra ha insistido en que el cierre de las centrales necesita "recursos suficientes" y ha apuntado que le corresponde a la empresa pública Enresa elaborar un plan que contemple esta parte.

Ribera ha abierto la puerta a que este plan, que Enresa debe presentar antes del verano, establezca como una posible fuente de financiación una subida de las tasas que pagan las eléctricas.