Pymes y autónomos podrán aplazar el pago del alquiler de los locales comerciales cerrados

MADRID (EFE). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto de medidas económicas que, entre otras novedades, establece un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del alquiler de locales comerciales, así como la reducción de los gastos de notario de préstamos no hipotecarios.

Entre las medidas anunciadas, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha destacado en rueda de prensa la posibilidad de que la línea de avales del ICO, que se eleva a 100.000 millones de euros, pueda usarse para cubrir pagarés de empresa y reforzar así las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas.

Además, se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de los riesgos del seguro de crédito, con objeto de mejorar los recursos del crédito comercial, garantizar la continuidad de las transacciones económicas y aportar seguridad a las operaciones comerciales.

Con el propósito de reforzar la financiación empresarial, se amplía la cobertura de la línea de avales del ICO para cubrir pagarés del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), fomentando así el mantenimiento de las fuentes de liquidez proporcionadas por los mercados de capitales.

Y también se aumenta la capacidad de las sociedades de garantía recíproca, de las comunidades autónomas, mediante un reforzamiento de los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa) hasta el 31 de diciembre de 2020.

Por lo que respecta a los alquileres de locales comerciales, y para mitigar los costes de pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos que hayan visto reducirse significativamente sus ingresos, se establece un mecanismo de renegociación y aplazamiento de los alquileres a grandes tenedores o empresas públicas.

En caso de que el local comercial sea propiedad de otro tipo de arrendador, como particulares, se facilita el uso de la fianza como mecanismo de pago, debiéndose ésta reponer en el plazo de un año.

El decreto se refiere también a los requisitos para rescatar fondos de pensiones, como los plazos y el importe máximo del que se puede disponer.

También incluye reducciones o exenciones, en casos justificados, de diversas tasas portuarias.