VALÈNCIA. La comisión bilateral que el Gobierno central y la Generalitat constituyeron en abril para resolver los reparos que el Ejecutivo puso a las modificaciones legales que el Botànic II introdujo en la Ley de Acompañamiento de 2021 no ha terminado del todo bien para el tripartito. De hecho, el acuerdo alcanzado apunta más bien a trastocar los planes del Consell para llevar a cabo sus planes por la vía de urgencia.
El Gobierno de Pedro Sánchez cuestionó la constitucionalidad de varios artículos de la ley de Medidas Fiscales de la Generalitat de 2021. Entre ellos, los que afectaban a la ley de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración de la Comunitat Valenciana que introducían nuevos supuestos que tendrían consideración de procedimientos de emergencia para poder tramitarse por esta vía.
En concreto, los grupos parlamentarios que sustentan el Consell -PSPV, Compromís y Unides Podem- insertaron un nuevo punto al artículo 3 de la ley y al anexo que esta norma incluía para considerar "procedimientos administrativos declarados de emergencia ciudadana" tres tipos de contratos: aquellos cuyo objeto fueran las "obras de construcción, ampliación, reforma y mejora de centros del sistema público valenciano de servicios sociales licitados por la Generalitat o cualquier otra administración pública siempre que cuente con financiación de la Generalitat".
En segundo lugar, los contratos de "servicios vinculados a la redacción de proyectos, estudios de seguridad, direcciones de obra y otros servicios profesionales relacionados con la ejecución de obras en el ámbito de los servicios sociales"; y el tercero, los que versaran sobre la "gestión integral y servicios específicos tales como lavandería, transporte, limpieza y otros vinculados al normal desarrollo de la atención social en centros del sistema público valenciano de servicios sociales".
Toda una serie de supuestos que el Ministerio de Política Territorial que dirigía Miquel Iceta cuestionó y que ahora, bajo la dirección de Isabel Rodríguez García, ha obligado a la Generalitat a suprimir para evitar el recurso en el Constitucional. El acuerdo de la comisión bilateral, al que ha tenido acceso este diario, recoge que la Generalitat "se compromete" a modificar el citado anexo y este cambio "consistirá en la supresión del punto 4, dentro del citado anexo". Es decir, el que desarrollaba todos estos supuestos.
No será el único cambio que deba acometer el Consell en esta norma. También deberá modificar el redactado que circunscribía los procedimientos declarados de emergencia a procedimiento previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. En su lugar, el Gobierno insta a que en los casos de procedimiento de adjudicación de contratos públicos "sujetos a la legislación básica estatal en materia de contratación pública" se aplique lo que la normativa estatal establezca.
La gestión de residuos
Existen otros artículos de la Ley de Acompañamiento de 2021 sobre los que el Gobierno central y la Generalitat han tenido que resolver sus discrepancias, la mayoría sobre detalles más técnicos que políticos. Así, el Ministerio de Política Territorial ha exigido que se suprima un cambio que introdujo el Botànic en el Impuesto de Residuos que permitía a los Consorcios de residuos y ayuntamientos a hacer uso del remanente de tesorería "en primera instancia" para hacer frente al coste o el pago de los gravámenes de residuos y rechazos de residuos domésticos de su competencia.
