VALÈNCIA, (EFE). La diputada del PP María José Catalá ha reclamado este miércoles al Consell que asuma que el período de recursos contra el decreto de plurilingüismo podría durar "mucho tiempo" y no podrá aplicarlo en este curso lectivo, y que deje que los menores se matriculen "con normalidad" durante el actual proceso de admisión.

Cuando un juez decide que un decreto está suspendido significa que "no se puede aplicar" porque "no está en vigor" y "las leyes están por encima de todos", ha señalado la también vicesecretaria de Política Social del PPCV.

Ante los recursos actuales al decreto, Català ha pedido al Gobierno valenciano que aplique el decreto anterior de 2012, que según ha asegurado "no tuvo ningún problema judicial" y "merecía una oportunidad", y ha instado al Consell a que se desarrolle un proceso de admisión "en condiciones y atendiendo a la norma en vigor".

Para la diputada del grupo popular en Les Corts, el decreto "nace viciado" porque para aplicar las horas de idiomas que plantea "el sistema educativo necesita más docentes que puedan impartir clases en inglés y hasta que no se consiga, plantear una propuesta así es inviable".

Esto demuestra, a su juicio, que el conseller Vicent Marzà "solo tiene un objetivo, la imposición del valenciano, pero nada dice de la formación de docentes" y con el "cebo" de aprender inglés "obliga a las familias a elegir sin libertad y en desigualdad de condiciones".

Por su parte, el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, ha señalado que "diga lo que diga el Consell, el decreto de plurilingüismo no está en vigor" después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano decretara la suspensión cautelar la pasada semana.

"Solo queda un camino" y es el de cumplir las decisiones judiciales porque "los valencianos no nos podemos permitir un Consell insumiso", ha dicho Betoret durante su participación en el acto celebrado en Utiel con motivo de la caravana educativa del PP provincial para explicar el contenido del citado decreto y la suspensión cautelar por parte del TSJCV, según informa el partido.

Para Betoret, el Consell "solo puede hacer una cosa, acatar las resoluciones judiciales" que obligan a la Generalitat a volver a la norma anterior, el decreto de 2012 aprobado por el PP y que "no registró ni un problema jurídico, frente a los nueve recursos que ya acumula" el diseñado por la Conselleria que dirige Marzà.

A su juicio, el Ejecutivo autonómico "debe contar la verdad a los valencianos" y "dejar de utilizar la educación de nuestros hijos como laboratorio ideológico".