El PSPV, Compromís y Podem aprueban la ley de Acompañamiento para 2018

VALÈNCIA (EFE). El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy la conocida como ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2018, gracias a los votos a favor del PSPV, Compromís y Podem, y en contra del PP, Ciudadanos y de los exdiputados de este último grupo.

La ley de Acompañamiento, que modifica una treintena de leyes, se ha aprobado tras el debate de las 90 enmiendas parciales que quedaban pendientes, entre las que se han rechazado las peticiones de Podem de establecer un impuesto sobre estancias turísticas en la Comunitat y de crear una Agencia de residuos.

En la enmienda de la tasa turística, el PSPV y Compromís se han abstenido, el PP y Ciudadanos han votado en contra, y Podem ha contado con el apoyo de los exdiputados de Ciudadanos, el mismo respaldo que ha conseguido para la Agencia de residuos, a la que han votado en contra todos los demás grupos.

Además, se ha retirado la enmienda del PSPV y Compromís que proponía limitar el mandato de los consejeros de Caixa Ontinyent hasta un máximo de doce años a partir del próximo proceso de renovación, ya que no iba a prosperar debido a la oposición de Podem a esta medida.

La nueva ley recoge la creación del banco público de la Generalitat, gracias a la modificación del régimen jurídico del Instituto Valenciano de Finanzas, y regula la posibilidad de delegar competencias a los ayuntamientos en materia de construcción y mejora de centros educativos.

El portavoz socialista, Manuel Mata, ha asegurado que es "la mejor ley de Acompañamiento de la historia" de la Comunitat y ha reivindicado que hay un Consell "honesto" que cambia leyes para mejorar la vida de las personas cada día.

Compromís no ha intervenido en la explicación de voto, aunque ayer afirmó que esta ley era "digna" de la ciudadanía y agradeció a Podem sus aportaciones y el "tono" de las negociaciones.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha acusado al president de la Generalitat, Ximo Puig, de ser el "único responsable" del "caos" del Consell, y le ha advertido: "su tiempo empieza a descontar, está en funciones y tiene cara más de miembro nato del Consell Jurídic Consultiu que de president de la Generalitat".

El diputado de Podem Antonio Montiel se ha mostrado orgulloso de que su grupo haya defendido "hasta el final" el diálogo de esta ley, y ha alertado de que el debate sobre la tasa turística y la Agencia de residuos "no se zanja aquí" y el Consell está emplazado a dialogar sobre el modelo de turismo y de la gestión de residuos.

A su juicio, las aportaciones de Podem, que ha planteado "las críticas que se escuchan en la calle", han permitido dar "un paso sustancial" en esta ley, con unas exigencias "acordes al espíritu y la letra del Botànic".

Antonio Woodward, de Ciudadanos, ha cuestionado que el actual Consell cambie leyes "porque sí", cuando en la oposición lo criticaban, y el exdiputado de ese grupo David de Miguel ha lamentado que no se hayan asumido mejoras en la ley por el "sectarismo" del Botànic.

Esta ley crea un impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos e incineración, que se aplicará desde el 1 de julio de 2018, e introduce un nuevo permiso para las funcionarias de la Generalitat a partir de la semana 37 de embarazo hasta la fecha del parto.

Respecto a la extinción de la concesión del departamento de salud de La Ribera, que el 1 de abril de 2018 se revertirá a la Conselleria de Sanidad, fija que el personal afectado seguirá en sus puestos en condición de personal a extinguir, y declara la utilidad pública y la expropiación forzosa de las parcelas de los accesos y aparcamientos del hospital.

Además, prorroga el mandato de extinción de la empresa pública Ciegsa hasta el 31 diciembre 2020, y cambia la denominación de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) por la de Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.

También recoge que el Consell podrá aceptar el pago en especie para la extinción de deudas contraídas por entidades del sector público instrumental con la Administración valenciana, y en materia de juego fija una nueva exención para las rifas en acontecimientos de arraigo popular o de carácter tradicional.