MADRID, (EFE). El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles en una sentencia de 728 folios las condenas de cinco años y 10 meses de prisión por estafa que la Audiencia de Valencia impuso al ex director técnico de Terra Mítica Antonio Rincón y al exresponsable de contratación Justo Valverde.

Asimismo, el alto tribunal ha rechazado el recurso del fiscal contra la sentencia valenciana, y confirma la absolución del expresidente de la sociedad, Luis Esteban y del ex director general Miguel Navarro, así como a otros 14 de los 36 procesados.

Las mayores condenas fueron para los empresarios Antonio Moreno Carpio (46 años y 10 meses), José Luis Rubio Sánchez (41 años y 9 meses), Jesús Moreno Carpio (25 años y 7 meses), Javier Alós Gil (24 años y 8 meses), Vicente Conesa (23 años y 10 meses), su esposa Matilde Ripoll (23 años y 4 meses) y Juan Carlos Moreno Carpio (16 años y 2 meses).

Otros quince empresarios y sus familiares fueron condenados a penas que oscilan entre un 1 y 3 meses hasta los 15 años y 6 meses.

La sala consideró autores del delito de estafa y les impuso una pena de cuatro años y 10 meses a Valverde, Rincón, Conesa, Antonio Moreno y José Luis Rubio. Ellos, junto con otros cuatro procesados a los que consideró cooperadores, deberán indemnizar a Terra Mítica con 1.158.661 euros y a Hacienda con 185.385 euros.

La sentencia calculó que el perjuicio para Hacienda derivado de la facturación falsa fue de 4.567.554 euros.

El fraude se instrumentalizó con la emisión de facturas por trabajos o servicios que no se llevaban a cabo. Los empresarios condenados se dedujeron facturas correspondientes a esos trabajos con el propósito de compensar el coste fiscal derivado también de la emisión de facturas falsas.

Por el delito de falsedad en documento mercantil se condenaba a 19 de los procesados a un año y 10 meses de prisión.

La Fiscalía pidió el ingreso en prisión inmediato para los dos exdirectivos del parque condenados (Valverde y Rincón) y para los empresarios Antonio Moreno Carpio, José Luis Rubio y Vicente Conesa, y su esposa Matilde Ripoll.

El Ministerio Público argumentó para esta solicitud la existencia de riesgo de fuga y de "capitales que no han aflorado", fruto de cuentas en Andorra en las que varios de los procesados figuraban como titulares hasta el inicio de la instrucción del caso.