CASTELLÓ (EFE). El funcionario que consta como principal investigado en la supuesta trama de facturas falsas de la Subdelegación del Gobierno en Castellón que investiga el Juzgado de Instrucción nº 1 ha reconocido este viernes ante el juez que se quedaba con un 30 por ciento del importe de las facturas irregulares y que llegó a apropiarse de unos 200.000 euros desde que fue designado como cajero en 2008.

En la causa constan 34 personas como investigadas, entre ellas funcionarios, proveedores y dos exsubdelegados, Antonio Lorenzo (PSOE) y David Barelles (PP), a los que se les imputan delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Hoy ha declarado el funcionario que figuraba como habilitado de la Subdelegación desde 2008 para pagar las facturas, algunas de las cuales son motivo de la investigación del juzgado. 

Según han explicado fuentes judiciales, el funcionario ha reconocido haberse quedado un 30 por ciento del importe de las facturas irregulares que constan en la causa y "está reconociendo", a preguntas del juez, el fiscal y el abogado del Estado, los hechos de los que se le acusa ya que se ha mostrado "dispuesto a colaborar".

El acusado ha achacado a un "problema personal" el desvío de fondos que empleaba y con el que llegó a hacerse con 200.000 euros para beneficio propio, aunque los informes policiales le atribuyen un importe de en torno a un millón de euros.

El funcionario habría repostado combustible en sus vehículos propios pero con cargo a la cuenta de la Subdelegación, así como reparaciones mecánicas igualmente con cargo a las arcas públicas. También habría realizado gastos en ferreterías, papelerías y electrodomésticos mediante facturas irregulares.

En su declaración ha asegurado que todo lo que gastó "no fue a su casa", es decir, que lo gastaba en otros lugares a consecuencia de ese "problema personal" que ha alegado y que por ello en su familia "no se dieron cuenta" de ese enriquecimiento presuntamente ilícito.

Del mismo modo ha relatado que actuaba en solitario y "no lo ha repartido con nadie", y que sí que aprobó el pago de algunas facturas a otro funcionario investigado.

En referencia a gastos cargados a la cuenta de "elecciones", el funcionario ha explicado que sí los cambió de partida (pues no pertenecían a ella), pero que responden a gastos reales.

Sobre otros gastos de protocolo sobre los que la intervención presentó salvedades, el investigado ha indicado que él "avisaba" de ello y ha dicho que los subdelegados de entonces las conocían, pero no porque él hubiera hablado directamente con ellos sobre este asunto.

El próximo 25 de abril a las 10.00 horas comparecerá Antonio Lorenzo, mientras que David Barelles comparecerá el 2 de mayo.