MADRID/BENIDORM. “La Ley de Costas está para cumplirse, y por eso pedimos al Gobierno que tome todas las medidas que estén en su mano para asegurar que se ejecute la sentencia de Tribunal Superior de Justicia, y se recupere para el dominio público el terreno ocupado por los edificios". De esta manera, se ha posicionado Juantxo López de Uralde, coportavoz de EQUO y diputado del Grupo Parlamentario Unidos Podemos tras conocer el fallo del TSJ que da un plazo de tres meses al Gobierno valenciano para presentar un plan de derribo del edificio Gemelos 28 e indemnizar a los 168 propietarios de las viviendas.

Juantxo López de Uralde ha remitido, asimismo, una pregunta a la ministra del Medio Ambiente, Isabel García-Tejerina, para saber qué opina su departamento y qué medidas va a tomar respecto a la decisión del TSJ de la Comunitat Valenciana.

Desde su construcción, el movimiento ecologista ha sido muy crítico con el proyecto de las dos torres levantadas por Edificaciones Calpe en la zona de Punta Llisera de Benidorm. Como ha recordado la propia Conselleria de Obras Públicas, Vivienda y Vertebración del Territorio, "esta actuación fue incluida por Greenpeace en su informe monográfico de 2006 (titulado Destrucción a toda costa), en el que denunciaba los graves atentados ambientales que estaban siendo ejecutados en gran parte del litoral mediterráneo, como en el caso del Algarrobico de Almería".