VALÈNCIA. (EP) La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha destinado 500.000 euros a un total de 36 ayuntamientos y mancomunidades para la elaboración y desarrollo de planes municipales de inclusión y cohesión social en 2018, según ha anunciado en un comunicado la directora general de Inclusión Social, Inmaculada Carda.

Tal y como ha explicado Carda, se han resuelto 36 subvenciones, 31 para ayuntamientos y cinco para mancomunidades, "que oscilan entre los 12.000 y los 18.000 euros cada una de ellas, y que serán destinadas a financiar el apoyo técnico para la elaboración de los planes municipales de inclusión y cohesión social".

La directora general ha destacado que, este año, es la primera vez que se convocan este tipo de ayudas para los municipios, y ha explicado que se enmarcan "en el desarrollo del Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión social (VICS) 2017-2022".

La concesión de estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, se dirige a los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana cuya población supere los 10.000 habitantes y se comprometan a la elaboración de un plan municipal de inclusión y cohesión social y a la creación del Consejo Municipal de Inclusión y Derechos Sociales.

Inmaculada Carda ha señalado que, con esta iniciativa "quieren acercar el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social a la ciudadanía contando con la colaboración de las corporaciones locales, para que los municipios impulsen sus propias evaluaciones y planes locales en esta materia".

En esta línea, el propio Plan establece el reconocimiento y puesta en valor de la función clave de los ayuntamientos y las mancomunidades en una política de proximidad interdepartamental coordinada.

Sensibilizar a todas las administraciones públicas

Entre los objetivos de estas ayudas convocadas por primera vez, la directora general ha destacado la idea de sensibilizar a todas las administraciones públicas, a todos los actores de la sociedad civil y a toda la ciudadanía en general "sobre la situación de desigualdad y riesgo de exclusión de una parte importante de la sociedad y de la necesidad de implementar políticas públicas inclusivas orientadas a su erradicación".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "solo desde el conocimiento directo y cercano" de las situaciones concretas de las personas y desde la rapidez en la intervención "se podrán construir procesos integrales que beneficien a las personas, a las familias y a los grupos y colectivos con mayores carencias y con más urgencias de ser atendidos, desde perspectivas de compromiso y solidaridad, para mantener su inclusión, lograr su inserción y evitar su exclusión".