VALÈNCIA. (EFE). El exdirector de la Policía y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, ha sido citado para declarar mañana ante la Guardia Civil como investigado en el caso Erial, que llevó a la detención ayer, entre otros, de dos de sus sobrinos (José y Vicente Cotino) y del expresidente valenciano Eduardo Zaplana.

Además de las siete detenciones, efectuadas ayer por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), en el marco de esta operación, en la que se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, fueron también imputados Juan Cotino, la esposa de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal de éste, Mitsuko Henríquez.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Guardia Civil, que lleva todo el día practicando registros relacionados con esta causa y que para ello ha trasladado a Zaplana a Madrid, ha citado ya para este jueves a Cotino para interrogarle como investigado.

El que fuera director de la Policía durante el gobierno de Aznar está ya imputado en el caso Gürtel en relación a las presuntas irregularidades en la contratación de las pantallas y la megafonía para la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, hechos por los que se enfrenta a una petición del fiscal de 11 años de prisión.

La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones "sospechosas" del Gobierno valenciano en la época de Zaplana (1995-2002) por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros.

Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico, por las que los investigadores creen que los empresarios habrían pagado mordidas, pero son cautelosos a la hora de atribuir a Zaplana el cobro de esas comisiones.

La operación se ha desencadenado a partir de la repatriación de parte de ese dinero, que presuntamente estaba oculto en paraísos fiscales, de manera que la conexión de esas cantidades con actividades presuntamente delictivas cometidas en la etapa de gobierno de Zaplana abre la posibilidad de levantar la prescripción de esos delitos.

Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa Imelsa y conocido como "el yonqui del dinero", un documento clave que ha permitido desentrañar la presunta trama de cobro de comisiones que ha llevado a la detención de Zaplana.