VALÈNCIA. (EFE). La Abogacía de la Generalitat ha presentado un escrito de acusación "ad cautelam" contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps y otros ex altos cargos del Consell y empresarios en la causa sobre la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en València.

El escrito de acusación se ha presentado este martes, en el último día de plazo para presentar los escritos correspondientes, pendiente de que se resuelva definitivamente su petición para que se complete la prueba pericial de la causa, a la vista de que, en la realizada por el interventor, éste advirtió de que no tenía el "criterio técnico suficiente" para evaluar determinados aspectos, según ha podido saber Efe. 

La Abogacía de la Generalitat ha presentado esta petición después de que la jueza del Juzgado de Instrucción número 17 de València, encargada del caso, haya denegado la petición de estas diligencias suplementarias y/o complementarias para que se haga este informe. Ante esta decisión, los servicios jurídicos del Gobierno valenciano han presentado un recurso reforma para mantener la conveniencia de disponer de este informe.

Aunque la Abogacía quería contar con un informe complementario para tener aún más cerrados determinados aspectos, considera que existen indicios de delito para elevar un escrito de acusación, sin perjuicio de que siga explorando todas las vías procedimentales oportunas en defensa del interés general.

La Abogacía señala que conoció el informe del interventor de la Generalitat, en el que reconoce que "no se dispone del criterio técnico suficiente" para pronunciarse sobre aspectos como los presupuestos que se aprobaron, los precios de los contratos, las valoraciones técnicas o los modificados, cuando ya estaba cerrada la causa, por lo que solicitó diligencias complementarias para que se realizara ese análisis técnico. 

No obstante, mantiene que hay indicios suficientes establecidos por la titular del juzgado de instrucción número 17 en su auto de procesamiento para presentar el escrito de acusación por los presuntos delitos de prevaricación y malversación en relación a un circuito que "no iba a costar un euro" y que comportó un desembolso de unos 90 millones de euros.