ALICANTE (EFE). La Fiscalía ha pedido este miércoles que el Ayuntamiento de Alicante sea condenado por vulnerar los derechos fundamentales del grupo municipal del PP después de que el equipo de Gobierno (PSOE, Guanyar y Compromís) no le facilitase determinada documentación sobre expedientes municipales, según ha informado el abogado del PP, Manuel Villar.

El ministerio público ha apoyado así la demanda impulsada por el PP, en el transcurso de una vista celebrada en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4, y en la que la representación legal del municipio ha reclamado su desestimación.

El grupo popular presentó entre julio de 2015 y noviembre de 2016 hasta 25 solicitudes de documentación sobre diferentes temas y áreas como los presupuestos de la Concejalía de Protección Animal, distintas instalaciones deportivas, los coches oficiales y sus conductores, la venta de acciones del Hércules SAD o el expediente de la concejala Nerea Belmonte, entre otros.

Al no obtener respuesta, el pasado 28 de diciembre remitió al tripartito que integra el equipo de gobierno un requerimiento para reiterar su reclamación y advertirle de que acudiría a los tribunales si no era satisfecha. Ya el 7 de febrero de este año, el PP anunció que había interpuesto un recurso contencioso-administrativo por vulneración de su derecho fundamental a recibir la documentación requerida.

Ese mismo día, por la tarde, el Gobierno comenzó a enviar los expedientes solicitados a los populares, según ha explicado Villar, y el día 15 de febrero ya había aportado la totalidad de la información, según consta en la causa judicial.

El consistorio justificó esa demora en el volumen de la documentación solicitada y esta mañana ha alegado en el juicio que la demanda del PP carece de sentido y debía ser desestimada, pues la administración ya ha cumplido con lo que se le exigía. Sin embargo, el letrado de los demandantes ha mantenido que el juzgado debe condenar a la corporación municipal tras declarar que ha conculcado los derechos fundamentales del grupo popular, una postura a la que se ha adherido la Fiscalía.

La acusación pública ha recordado que el gobierno municipal no atendió durante un año y medio las peticiones de información de los populares y únicamente lo hizo una vez interpuesto el recurso contencioso.

Al término de la vista, Villar ha señalado que la sentencia, en caso de ser condenatoria, únicamente tendrá como efecto práctico el que se dé "un tirón de orejas" al tripartito, al tiempo que ha informado de que el grupo popular ya tiene preparado otro listado de peticiones de documentación no satisfechas por el tripartito.