VALÈNCIA (EFE). La Generalitat, que se ocupa de tramitar las sanciones por incumplir las medidas restrictivas contra el contagio de coronavirus desde el pasado 25 de julio, solo ha podido cobrar desde esa fecha menos del 1 % de las multas, 814 sobre las 94.000 impuestas.

Esto es debido, según admite el Ejecutivo autonómico, por una parte a los derechos de recurso que asisten a los ciudadanos y, por otra, al aluvión de sanciones que ha recaído sobre un servicio que no estaba preparado para esta función.

Fuentes de la Conselleria de Justicia señalan que la unidad que debía tramitar estas sanciones estaba integrada inicialmente por cinco funcionarios, por lo que ha sido ampliada ahora a 21, mientras que se han aprobado 52 plazas nuevas.

En cualquier caso, añaden, esta ampliación es insuficiente, de lo que da idea el hecho de que si antes de la pandemia este grupo tramitaba unas 250 o 300 sanciones al año, después de la irrupción de la covid y de asumir esta función, le llegan unas 500 al día.

Por esta razón, Justicia va a recurrir a una empresa especializada externa, como hacen los grandes ayuntamientos, una medida que ya ha sido presupuestada (5,3 millones de euros).

Los datos suministrados por la propia Conselleria señalan que desde que el pasado 25 de julio entró en vigor el Decreto del Régimen Sancionador sobre incumplimiento de las medidas para evitar la propagación de la covid-19, el número de denuncias ha crecido de manera espectacular.

Hasta ahora se han impuesto más de 94.000 propuestas de sanción, de las cuales, más del 95 % son leves (uso inadecuado de mascarilla la inmensa mayoría).

De estas más de 94.000, se han registrado para su gestión solamente 12.994 denuncias impuestas por más de 200 cuerpos de Policía Local, Nacional, de la Generalitat y Guardia Civil.

Del total, 12.119 son por infracciones relacionadas por no llevar mascarilla o el mal uso de la misma.

De estas 12.994 se han iniciado ya 5.440 expedientes y se han finalizado un total de 1.323. Ha habido 814 infractores que ya han pagado la correspondiente multa mientras que el resto está en su derecho a recurrirla o dejar que pase el plazo para su abono.

Por estos motivos se han cobrado menos del 1 % de las inicialmente propuestas.

El desajuste entre los medios con los que contaba la unidad responsable de gestionar estas sanciones y el trabajo del cual debía hacerse responsable se hizo inasumible a partir del pasado mes de noviembre.

Con la introducción de nuevas medidas restrictivas para frenar los contagios, el número de denuncias aumentó de manera exponencial, y especialmente en el mes de diciembre, al aumentar los controles por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según reconoce Justicia.

Por ello se ha puesto en marcha el citado Plan de choque, presupuestado en 5,3 millones de euros, que se suma al refuerzo en el número de funcionarios.

Este presupuesto va destinado a la contratación de una empresa especialista en la gestión de multas y la ampliación del servicio en 52 personas más (25 técnicos jurídicos, 10 administrativos y 17 auxiliares) a fin de abordar la carga de trabajo.

A ello hay que unir la contratación de un servicio especial de Correos (por valor de 1,2 millones de euros, incluidos en los 5,3 millones del plan) para poder realizar todas las notificaciones tal y como establece la normativa.