VALÈNCIA. (EFE). Las acusaciones del caso Emarsa han pedido este lunes que los 24 procesados por el desvío de fondos públicos de la empresa Emarsa, que gestionó la depuradora de Pinedo (València) hagan frente a un desembolso cercano a los 35 millones de euros.

Esta cantidad resulta de sumar los 23,5 millones que se piden en concepto de indemnizaciones para la empresa de la Generalitat Epsar y la empresa metropolitana de Valencia Emshi, los 8,2 millones por el coste (por ahora) de la liquidación de Emarsa y los 3,2 millones en concepto de sanciones tributarias.

En la primera de las vistas dedicadas a la presentación de conclusiones del caso Emarsa, sobre el desvío de más de 23,5 millones de euros de esta empresa pública, la fiscal Virginia Abad se ha limitado a exponer los cambios sobre su acusación inicial, dado que el texto completo supera los 700 folios, de modo que no se ha podido escuchar en la sala un relato detallado de los hechos.

El Ministerio Público ha pedido 24 años de prisión para el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta (12 al inicio del juicio), 20 para el expresidente Enrique Crespo (14) y 10 (14) para el ex alto cargo de la Conselleria de Obras Públicas Juan José Morenilla, en todos los casos por falsedad, prevaricación y malversación, además de cohecho en el caso de Cuesta

Además del caso de Morenilla, las fiscales han propuesto otra rebaja en la propuesta de condena para el otro ex alto cargo de la Generalitat procesado, Ignacio Bernácer, de 14 a 3,5 años, tras haber admitido los hechos ante el tribunal y haber detallado cómo operaba supuestamente la operativa de desvío de fondos.

A diferencia del inicio de la causa, la Fiscalía ha optado por atribuir dos delitos de malversación diferenciados (uno en el "negocio" de las obras y servicios en Emarsa y otro el del incremento injustificado del coste del tratamiento de los lodos) a Cuesta y Crespo, una tesis que sostuvo de inicio la Abogacía de la Generalitat.