VALÈNCIA (EP). Abogados y Procuradores de Valencia se han concentrado este miércoles frente a la Ciudad de la Justicia para exigir el cese "inmediato" de las continúas huelgas que se van encadenando durante los últimos cinco meses y que han dejado a la Justicia "tocada de muerte": "Basta".

Así, tras dos pancartas --en las que se podía leer 'La Justicia es una cuestión de Estado' y 'Dignidad y respeto'-- la decana del Colegio de Procuradores de Valencia, Begoña Molla, ha sido la encargada de leer un manifiesto en el que reclaman Pacto de Estado por la estabilidad de la Justicia y a todos y cada uno de los operadores jurídicos implicados que "se sienten a hablar y que utilicen todos los medios de necesarios para acabar con esta situación de paralización absoluta de la Justicia".

Así, advierten de que los derechos de los justiciables se están viendo "gravemente perjudicados" --algunos de los juicios suspendidos se están notificando ya para 2027--, pero también para los profesionales de la Justicia, tanto privados como del turno de oficio, que están llegando a una situación "irreversible" ya que "al no poder cobrar implica que muchos se ven abocados a despedir a sus empleados e incluso a cerrar los despachos".

Por su parte, el decano del colegio de abogados de Valencia, José Soriano, ha señalado que es "desolador" tener que convocar una concentración para reivindicar la situación de la Justicia. En ese sentido, ha lamentado que consiguieron "remontar" el "atasco" creado por la paralización en pandemia, pero que con las continuas huelgas desde el 24 de enero se "está acabando con la tutela judicial efectiva".

Por ello, insiste en la necesidad de un pacto de Estado para que la Justicia se vea como el servicio público que "realmente es, un pilar fundamental del Estado de Derecho: Evidentemente la Sanidad y la Educación tienen todo el sentido que puedan tener, pero la Justicia es donde en un momento determinado el orden social tiene sentido".

Perjudicados directos

En ese sentido, ha señalado que se concentran para reivindicar el derecho de los ciudadanos, pero también replica a los sindicatos que los profesionales de la Justicia "no son un daño colateral" de estas huelgas, sino "un perjudicado directo de esta situación" porque si los asuntos "no se tramitan, no se resuelven y si no se resuelven, no se factura" en unos despachos que en su gran mayoría están compuestos solo por "uno, dos o tres" profesionales.

Así, ha recordado que, según cifras de sindicatos, hay ya casi medio millón de vistas suspendidas y más de 1.300.000 euros retenidos en las cuentas de consignaciones para pagar, lo que está atascando el sistema habitual. "Aquí lo que se pretendía era hacer daño por reivindicación económica y se ha conseguido: cuéntale a un ciudadano que su despido se va a ver en 2027 o que su divorcio se va a resolver en 2024".