VALÈNCIA (EFE). La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha denunciado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha reducido las ayudas económicas a personas con problemas de salud mental.

Así, las nuevas resoluciones para ser atendidos en viviendas supervisadas reducen la ayuda de 2.350 a 810 euros, "lo que impide que puedan acceder al servicio necesario", ha señalado en un comunicado el presidente de Aerte, José María Toro.

Según explica la entidad, Igualdad publicó el pasado 12 de Agosto el Decreto 102/2022, que modifica el Decreto 62/2017 que regula el acceso a prestaciones de dependencia de la Comunidad Valenciana, y en el que se reduce el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental.

Hasta ahora se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.350 euros mensuales, y ahora se concederá solamente una tercera parte, 810 como máximo, "lo que impedirá a una gran mayoría de ellos ser atendidos por falta de recursos económicos".

“El cambio de normativa ya está provocando que no se pueda atender a muchas personas en los recursos que necesitan”, ha indicado en un comunicado el presidente de la entidad, José María Toro.

Para que puedan acceder a la ayuda máxima, como ha venido sucediendo hasta ahora, les exigen que sean atendidos en viviendas asistidas, ha indicado Aerte, que añade que este tipo viviendas "es muy escaso en toda la Comunidad, lo que sólo permite atender a un número muy limitado de personas".

Además, esta clasificación de viviendas está adaptada a perfiles de personas con un alto nivel de necesidades y no a la vida más independiente y autónoma de las personas que se han venido atendiendo hasta ahora, "lo que resulta contraproducente desde el punto de vista de su rehabilitación".

Esto está provocando que personas que tiene que recibir el alta en hospitales y que podrían ser atendidas en viviendas supervisadas, la gran mayoría de las existentes, estén siendo enviadas a sus casas sin poder acceder al servicio de atención que necesitan, o que personas que ya viven en esas viviendas, pero no tienen resuelta la prestación de dependencia, van a tener que abandonarla porque ya se les aplique el nuevo tope de la ayuda.

“Creemos que esta decisión impide que las personas con problemas de salud mental puedan recibir los servicios que necesitan y está bloqueando el acceso al sistema de atención, lo que nos parece inaceptable”, ha indicado Toro.

Aerte ha pedido que se sigan resolviendo prestaciones económicas que permitan cubrir el coste total de las plazas en viviendas supervisadas, más adaptadas a las necesidades de estas personas con un mayor nivel de autonomía, y que las viviendas asistidas, con un mayor número de profesionales, sigan atendiendo perfiles con un requerimiento de apoyos más importante.