CASTELLÓ. Desde este 1 de mayo está en vigor de manera provisional el Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur que crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo —con alrededor de 720 millones de consumidores— entre los estados miembros de la Unión Europea y el bloque formado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Un tratado que las instituciones europeas y la mayoría de países, entre ellos España, han defendido como clave para compensar la pérdida de oportunidades comerciales por los aranceles de EEUU y reducir la dependencia de China para el suministro de minerales críticos, pero que ha sublevado al campo valenciano por las amenazas que implica para algunos sectores agrícolas y ganaderos. 

En el caso de la provincia de Castellón y de la Comunitat Valenciana, las organizaciones agrarias llevan meses advirtiendo de las consecuencias que este acuerdo de libre comercio puede suponer a largo plazo para la ganadería, la apicultura así como para los productores de arroz y cítricos: más competencia a precios mucho menores al no haber reciprocidad en las exigencias a los productores y riesgo fitosanitario de entrada de plagas o de uso de materias activas prohibidas en la UE. 

En el caso de los cítricos, producto estrella del campo castellonense, el mayor riesgo es la entrada de zumo de Brasil, principal productor a nivel mundial, que podría desplazar a la producción local que actualmente se destina a la industria de transformación por no reunir las condiciones para su comercialización en fresco. 

El secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris, advierte de que “la foto fija actual es una, pero la futura será distinta y negativa para nuestros sectores, que se verán afectados por el acuerdo”. Respecto a la entrada de zumo procedente de Brasil, apunta que “no habrá cupos y se producirá una bajada progresiva de aranceles en un plazo de entre ocho y diez años, lo que presionará a la baja el precio de la fruta destinada a la industria”.

Peris recuerda que “alrededor del 20% de la producción citrícola depende de que sea rentable recolectarla y cubrir los costes de explotación, lo que requiere precios superiores a 0,20 euros por kilogramo". Por ello, advierte de que "si el acuerdo con Mercosur provoca una reducción de precios por la entrada de zumo y concentrado de zumo de estos países, la viabilidad de una quinta parte de nuestra producción se verá comprometida”.

En el caso de Castellón, subraya que “de unas 600.000 toneladas de producción de cítricos en cada campaña, más de 100.000 se destinan a la industria a un precio aproximado de 0,21 euros el kilogramo". Esto supone que, en el futuro, "podrían ponerse en riesgo unos 23 millones de euros sólo en los cítricos de la provincia de Castellón, ya que podría dejar de ser viable recolectar la fruta no apta para el consumo en fresco”. A ello se une la competencia para la fruta en fresco de otro de los países de Mercosur, Argentina, considerado uno de los grandes productores de cítricos del cono sur. 

Finalmente, el responsable de la Unió concluye que “todo ello implicará menos mano de obra, mayores dificultades para cubrir los costes de explotación y una menor rentabilidad para el productor, que corre el riesgo de no obtener beneficios ni siquiera en ese 20% de la producción destinada a industria. Son, en definitiva, condicionantes claramente negativos”.

En el caso del arroz, se prevé la entrada de unas 60.000 toneladas sin aranceles, una cantidad equivalente aproximadamente a la mitad de la producción de la Albufera

Impacto en la ganadería y la apicultura

En el caso del vacuno, Peris señala que “las 175.000 toneladas de importación previstas se introducen en un mercado ya maduro, con elevados niveles de importaciones que ya suponen competencia. De esa cantidad, 100.000 toneladas estarán libres de arancel, lo que incrementará la competitividad de estas carnes y ejercerá una presión a la baja sobre los precios, además de proceder de sistemas productivos con estándares inferiores”.

Respecto al sector avícola, explica que “a las actuales 75.000 toneladas importadas se sumará un contingente de 145.000 toneladas de pollo, lo que también generará presión sobre los precios y una menor calidad del producto”.

En apicultura, con la entrada en vigor de este tratado, “de las 24.000 toneladas actuales se pasará a un cupo de 45.000 toneladas, con los mismos efectos: presión a la baja sobre los precios y peor calidad de la miel. Además, se prevé una reducción arancelaria hasta el 0% en un periodo de cinco años, considerado corto, con 8.000 toneladas libres de arancel desde el primer año y 18.000 a partir del segundo”.

Desde AVA-ASAJA comparten esta preocupación y ponen también el foco en los riesgos fitosanitarios. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ya denunció en su momento que "este acuerdo comercial, como tantos otros, utiliza la agricultura como moneda de cambio. Sin exigir reciprocidad a las importaciones sudamericanas, fomenta más competencia desleal que expulsará a los agricultores y ganaderos valencianos, ya que será la gota que colma el vaso. Y cuando desaparezcan los productores, la factura la pagarán los consumidores, con una cesta de la compra más cara, de menor calidad y más contaminante”.

Desde esta organización recuerdan que "si en Europa se nos exige cumplir normas muy estrictas en sanidad, sostenibilidad, bienestar animal o uso de fitosanitarios, esas mismas exigencias deben aplicarse a los productos que llegan de fuera. Si no, estamos ante una competencia claramente desleal”. AVA-ASAJA advierte de que el acuerdo permite la entrada en el mercado europeo de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, como determinados fitosanitarios o carne producida con hormonas de crecimiento, cuya trazabilidad y control no están plenamente garantizados, tal y como reconocen incluso las propias autoridades comunitarias. Además del riesgo de entrada de plagas, sobre todo en el caso de los cítricos. 

El Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur entra en vigor de manera provisional ya que para su entrada en vigor definitiva requiere de un proceso de ratificación más complejo que pasa por la adopción por parte de los Veintisiete y del consentimiento del Parlamento Europeo, que puede aprobarlo o tumbarlo, pero ya no modificarlo. En el caso de la Eurocámara, ese voto está en el aire hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre el recurso pendiente. Cabe recordar que el propio Parlamento Europeo votó a favor de remitir el acuerdo al TJUE para analizar su compatibilidad con el Derecho comunitario.

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