El instituto tecnológico de la Óptica, el Color y la Imagen (Aido) presentará un ERE de extinción para la totalidad de su plantilla, 55 empleados. La medida, comunicada el pasado jueves por la dirección al comité de empresa, es la consecuencia de la asfixia económica que sufre el instituto, agravada desde la investigación abierta por la fiscalía a finales del año pasado para investigar el destino de unas ayudas de la Unión Europea. 

El despido de todos los empleados, que llevan casi cinco meses sin cobrar las nóminas, supone el "golpe de gracia" para Aido, según reconoce a Valencia Plaza su director, Rafael Ros. A su juicio, el responsable de la situación es el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), órgano dependiente de la Conselleria de Economía que el pasado otoño denunció al instituto ante la fiscalía para que investigase el uso que el instituto hace de los fondos públicos que recibe.

Tras la denuncia de Anticorrupción, un juzgado abrió diligencias e imputó a varios trabajadores del centro con su director Emilio Pérez a la cabeza. La investigación, que se centra en los fondos recibidos en los últimos cuatro años -algo más de 30 millones de euros- y se centra en analizar el sistema diseñado sus técnicos para justificar los fondos recibidos para los proyectos europeos. Al parecer, se habrían duplicado los partes de trabajo falsificando las horas dedicadas a los proyectos con fondos europeos para justificar un trabajo que en realidad no se realizó.

Rafael Ros considera "inaudito" que el Ivace decidiera denunciar al centro de investigación ante la fiscalía porque, según explica, este ente ha "auditado y reauditado" los expedientes que finalmente se remitieron al Ministerio Público.

La investigación marcó el punto de inflexión para el "declive" económico del centro, cuya gestión también se ha visto afectada por las pesquisas. Este verano la policía ha recopilado documentación relacionada con la causa tanto de la sede de Aidico como del Servef.

El inicio de la investigación fue acompañado de una minoración de las partidas pendientes de cobrar de la administración autonómica a cuenta de las subvenciones por proyectos. Desde entonces, el centro ha buscado sin éxito alternativas de financiación que han desembocado en la situación actual.

Entre otras, llegó a un acuerdo con un centro de investigación catalán (Leitat) que se comprometió a prestar apoyo financiero tras tomar posiciones en el consejo rector del instituto valenciano. La medida fue acompañada por la salida de este órgano de los representantes de la Conselleria de Industria por discrepancias con la gestión del equipo directivo.

Desde entonces, según reconocen fuentes del consejo rector, la investigación abierta contra el instituto, por la que varios de sus técnicos han declarado como imputados, ha provocado la salida del centro de varios de los vocales nombrados por Leitat. La causa se mantiene abierta y en los próximos meses está previsto que pasen por el juzgado varios de los responsables de Aido.

Aido es el segundo de los centros de investigación de la red de institutos tecnológicos de la Comunitat que bordea la quiebra. El instituto de la construcción (Aidico) ha sido recientemente liquidado al no superar el concurso de acreedores a pesar de haber sido intervenido por la Generalitat.