VALÈNCIA (EFE) El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha acordado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que se investiguen cuatro cajas de seguridad de las que dispuso Consuelo Císcar mientras ocupó el cargo de directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).

Este juzgado investiga la gestión de Císcar al frente del IVAM en dos piezas diferentes: una sobre la compra de piezas cuya autenticidad está en tela de juicio y otra sobre el supuesto uso fraudulento de medios públicos para la promoción de la carrera de su hijo (y del exconseller Rafael Blasco, condenado por malversar fondos destinados al tercer mundo), Rafael Blasco Císcar, de nombre artístico 'Rablaci'.

Según consta en la petición formulada por la Fiscalía y ha avanzado este jueves Las Provincias, las referidas cajas de seguridad fueron abiertas a nombre de Consuelo Císcar en el Deustche Bank, Banco Santander y Bankia (2), y al menos estás dos últimas fueron abiertas y canceladas coincidiendo con los años en los que Císcar ocupó la máxima responsabilidad en el IVAM (de 2004 a 2014).

Por ello, se solicita a las entidades bancarias que remitan el contrato de alquiler de las cajas, el listado de entradas, la relación de personas autorizadas para acceder a las mismas y la fecha de cancelación, en caso de que ya no permanezcan alquiladas.

Por otra parte, la Fiscalía ha solicitado que se investigue también el posible desvío de fondos del IVAM a una galería de arte madrileña que expuso obras de Rablaci y posteriormente vendió obras de arte al museo valenciano por 41.760 euros.

La primera de las piezas, la relacionada con la obra del escultor vallisoletano Gerardo Rueda, es la más avanzada de las dos y las partes ya han presentado sus escritos de acusación.

Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de seis años de prisión (la misma que la Abogacía de la Generalitat) y una multa de 144.000 euros para Consuelo Císcar por los delitos continuados de falsedad, prevaricación y malversación en su modalidad agravada.

En esta misma pieza también está procesado el ex director general de Administración y Finanzas del museo Juan Carlos Lledó, a quien se considera responsable de los mismos delitos en calidad de cooperador necesario, y para quien se reclama una pena de prisión de 5,5 años y una multa de 63.000 euros.

Para José Luis Rueda, hijo adoptivo del pintor y escultor madrileño Gerardo Rueda, la Fiscalía pide una condena de cinco años por su supuesta participación en los hechos, también en calidad de cooperador.

Además de las referidas condenas y multas, la Fiscalía les reclama a todos ellos, de forma solidaria y conjunta, una indemnización de 3.456.876 euros para el Instituto Valenciano de Arte Moderno.