VALÈNCIA. El fiscal Anticorrupción que investiga la macrocausa Taula, Pablo Ponce, ha solicitado al juez instructor, Víctor Gómez Saval, "que prorrogue la complejidad de la causa" de la pieza principal (Imelsa) "porque no se van a poder concluir las diligencias para el 15 de marzo", fecha en la que caduca la primera de las prórrogas que el magistrado firmó.

En caso de conceder la complejidad, los investigadores contarían con un plazo de 18 meses para finalizar la instrucción. Además, también ha solicitado la prórroga del resto de piezas exceptuando la relacionada con el pitufeo. Es decir, el blanqueo de capitales presuntamente perpetrado en el seno del PP de la ciudad de Valencia por todo el grupo municipal excepto por cuatro personas que se negaron a cometer un delito, y las dos piezas de zombies, que son las que investigan a trabajadores de las empresas públicas Imelsa y Ciegsa que supuestamente cobraban del Erario sin ir a trabajar.

Estas últimas están a falta del auto de procesamiento, lo que supondrá que el juicio probablemente se celebrará durante este 2018, tal y como ya adelantó Valencia Plaza.

Ambas piezas serán las primeras de la macrocausa en llegar a juicio. La siguiente, si la investigación lo permite, será la que siente en el banquillo a todo el PP de Rita Barberá. Entre los imputados de esta pieza se encuentran todos los concejales del PP de València excepto uno, Eusebio Monzó.

En el escrito de Anticorrupción, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el fiscal explica: "Está pendiente de recibir informes policiales respecto a la investigación", y que solicita la prórroga porque dado el volumen de la misma y la ingente cantidad de documentos intervenidos pendientes de analizar y que a pesar de la formación de piezas, dicha pieza principal "está pendiente de recabar informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)".

Dichos informes versan sobre la presunta contratación irregular dentro de la empresa pública Imelsa, así como sobre el destino de los fondos sustraídos de la misma.

También falta otro informe sobre "la investigación económica que se está realizando al club de fútbol Olimpic de Xàtiva, siendo su presidente Alfonso Rus", el principal investigado de la causa de corrupción.

El caso Taula se ha convertido en la mayor trama de corrupción de la historia de la Comunitat. Su volumen es tal que el magistrado se ha visto obligado a trocear la causa en siete piezas diferentes para así poder agilizar la instrucción de la misma.

La pieza de Imelsa es junto con la de otra empresa pública, Ciegsa, la más voluminosa pues en ella se centra el grueso de la investigación. Entre las páginas del sumario que afectan a esta parte del caso se encuentra el presunto amaño sistemático de contratos públicos que, por un lado mermó las arcas públicas, pero que por otro, supuestamente llenó los bolsillos de varios dirigentes de la Diputación de Valencia en la época en la que Alfonso Rus era su presidente y Marcos Benavent estaba al frente de la empresa.

Entre los imputados en Imelsa, además de Rus y Benavent, están como investigados el exalcalde de Moncada y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina; el exalcalde de Genovés Emilio Llopis o el dueño de la empresa Engloba.