VALÈNCIA (EFE). La Agencia Antifraude ha emitido un informe en el que revela que el Ayuntamiento de València, a través de la Junta Central Fallera (JCF), abonó 14.520 euros por un concierto durante la celebración del acto de la gala de preselección de la Corte de Honor de las Fallas 2022 que en otras ocasiones había costado entre 3.600 y 5.000 euros.

Este informe ha sido instruido tras una denuncia sobre presuntas irregularidades relacionadas con este evento, según consta en el citado documento, publicado en la web de la Agencia Antifraude.

Así, se constata que el Ayuntamiento, a través de JCF que en ese momento dirigía Carlos Galiana, abonó 14.520 euros a una mercantil promotora de conciertos, que subcontrató la ejecución del concierto a otra empresa por 8.470 euros, y que esta segunda firma abonó al grupo musical 6.050 euros, logrando un margen de 2.420 euros.

Antifraude considera que "no quedan acreditados los motivos por los que la JCF estableció el precio del servicio en 14.520 euros, más allá del presupuesto presentado por la empresa inicial" y reprocha al Consistorio que no realizara "actuaciones para establecer el precio del mercado".

Además, se da la circunstancia de que el mismo grupo ya había sido contratado para los conciertos de Viveros en julio de 2018 y 2021, y que en otras contrataciones de similares características el precio de la actuación osciló entre 3.630 y 5.000 euros.

Todo ello, añade la Agencia Antifraude se pudo comprobar previamente porque existen "valoraciones económicas y antecedentes localizables en fuentes abiertas e incluso en el propio Ayuntamiento de València".

Por todo ello, se expone que "no existe motivación alguna que fundamente los incrementos producidos, más allá de las posibles comisiones de intermediación", que "superaron el coste del servicio que recibió el grupo musical".

En consecuencia, la Junta Central Fallera deberá remitir a Antifraude en el plazo de un mes un plan para dar cumplimiento a varias recomendaciones, entre las que se encuentran la necesidad de fijar el precio de los contratos de acuerdo a una estimación del valor de mercado, y el conservar constancia documental de la totalidad de comunicaciones realizadas por los órganos gestores.