VALÈNCIA (EP). El juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de València ha anulado una multa de 100 euros que el Gobierno impuso al portavoz del sindicato Intersindical Valenciana al no probarse que fuera el "promotor" de una concentración no autorizada.

De esta manera, en una sentencia fechada el 16 de febrero y consultada por Europa Press, el juzgado estima íntegramente el recurso interpuesto por el sindicalista contra una resolución adoptada en febrero de 2016 por la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Valencia en la que se imponía a Mauri una sanción económica de 100 euros por una supuesta infracción en materia de seguridad ciudadana al considerar que había promovido una concentración no autorizada.

Sin embargo, el representante de Intersindical negó haber cometido dicha infracción y durante el juicio compareció un testigo que avaló su tesis. Frente a esto, apunta la resolución judicial, "la administración demandada cuenta con el acta de intervención de los policías nacionales que (...) en ningún momento hace constar que el demandante haya realizado ningún acto que permita concluir que era el promotor de la concentración no comunicada, ya que no describe qué hechos concretos estaría realizando".

Añade que existe un informe del inspector jefe del grupo "pero no hay constancia de que esta persona estuviera presente en el momento de los hechos y no es este informe, por tanto, una prueba de cargo contra el demandante".

En definitiva, concluye el juez, "no hay prueba suficiente de la comisión de la infracción por parte del demandante y no era conforme a derecho la resolución que así lo determinaba, de manera que la imposición de la sanción no es conforme a derechos porque vulnera el principio de presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución Española".

Por estos motivos, la sentencia, contra la que no cabe recurso, estima el recurso de Vicent Mauri, anula la multa e impone costas procesales a la Delegación.