VALÈNCIA (EFE). El Consell ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Barrios de la Comunitat Valenciana, por el que se regula y establece el marco común de actuación integral en los barrios de la Comunitat que lo necesiten y "garantizar así la sostenibilidad, el enfoque comunitario y el desarrollo humano y local".

Según ha informado el Consell, la nueva normativa recoge tres objetivos principales: emprender actuaciones de atención y mejora de las condiciones de vida de la población que reside en los barrios, hacer frente a los déficits en materia urbanística y en la prestación de los servicios, y fortalecer la vida asociativa y las iniciativas cívicas en los barrios.

Han sostenido que, antes de esta ley, la Comunitat carecía de un régimen jurídico adecuado para gestionar procesos de rehabilitación, regeneración y revitalización urbana que fueran "más allá" de los aspectos meramente urbanísticos y recoja una visión integral de todos los ámbitos de la vida.

Por ello, este proyecto de Ley de Barrios "servirá para establecer un marco regulador común que garantice el derecho de todas las personas a disfrutar de un entorno seguro, sostenible, inclusivo y accesible universalmente que favorezca el progreso personal, la cohesión social y de género y la identidad cultura".

Así, el Consell ha incidido en que, "consciente del fenómeno de la privación urbana, y siendo esta una cuestión compartida con el conjunto de políticas públicas, considera que la rehabilitación, regeneración y revitalización urbanas tienen que ser objetivos prioritarios de la estrategia urbana para los municipios valencianos en el siglo XXI".

En concreto, se da especial atención en los casos donde concurren procesos de abandono, obsolescencia o degradación del patrimonio edificado y del tejido urbano, o con amplios sectores de la población en riesgo de exclusión por razón de desocupación, insuficiencia de ingresos, edad, discapacidad u otros factores de vulnerabilidad social.

El Consell ha resaltado que en la Comunitat existen zonas suburbanas que viven "contradicciones sociales" a causa del modelo dominante de desarrollo urbano y de una inadecuada planificación en sus asentamientos, además de que el covid ha puesto en evidencia la "ineficacia de las ciudades para hacer frente a los problemas existentes en la actualidad".

Por ello, han resaltado que "la intervención pública no se puede limitar a la mera actuación rehabilitadora o urbanizadora y se necesita una actuación de forma global, a través de la integración de las estrategias sociales, económicas y medioambientales y de la implementación de una auténtica gobernanza en favor de la ciudadanía".

Con respecto a la financiación, las actuaciones previstas en la ley, se subvencionarán de acuerdo con lo referido en la memoria económica y la ficha de impacto presupuestario. El importe total previsto para los ejercicios 2023 y 2024 será de 300.000 euros para cada uno de ellos.

Asimismo, la norma tendrá vigencia indefinida hasta su derogación por otra norma posterior sobre la materia.