SANTANDER (EP). CEOE esperará a la convocatoria oficial de la huelga general por la vivienda anunciada por los sindicatos y estudiará "los motivos" que exponen sus organizadores para a ver si tiene encaje legal, según ha indicado en declaraciones a Europa Press el vicepresidente de la patronal y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, al ser cuestionado sobre la posibilidad de recurrirla.
"Aunque tenemos que ver cómo está motivada es indudable que no tiene un carácter laboral por mucho que se quiera maquillar", ha aseverado Amor este martes en Santander en declaraciones a esta agencia antes de participar en el Foro Económico de El Diario Montañés.
Además, ha considerado que es "inadmisible" y ve un "sinsentido" que se pretenda "cargar sobre la empresa y sobre los trabajadores" esta huelga general que versa sobre un asunto como la vivienda, que corresponde al Poder Ejecutivo, "que durante ocho años, hemos visto lo que ha hecho" en esta materia, y al Legislativo.
Amor también considera que "no tiene sentido" una convocatoria de una huelga general en periodo electoral "cuando la mayor movilización y manifestación que existe en democracia se va a celebrar el próximo 29 de noviembre y todos los ciudadanos están llamados a urnas".
Sobre el momento elegido para la huelga, el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE cree que los sindicatos "ya han tardado" en convocarla. "Ocho años en convocar una huelga en materia de vivienda cuando era o es uno de los principales problemas que se tienen a los ciudadanos", ha resaltado.
También ha indicado que las organizaciones empresariales han puesto encima de la mesa no solo el problema de la falta de vivienda, las "dificultades" para construir más, sino también "el lastre" que supone para el comprador "los inmensos" impuestos que se pagan y que "llegan a ser uno de cada tres euros que significa la compra de una vivienda".
Por otro lado, Amor ha afirmado durante su intervención en el Foro que "entiende y comparte" que los trabajadores quieran tener más poder adquisitivo, pero cree que donde hay que llamar es "a la puerta del Estado", que es el que "se está quedando la pasta".
Como argumento, ha apuntado que los salarios entre el 2017 y 2025 han subido un 31,5%, por encima de la inflación, y las retenciones a los trabajadores lo ha hecho un 65%, el doble.
"Esto quiere decir que de cada 100 euros que recibe un trabajador, 35 se queda en el Estado y solo cobra 65. Por tanto, yo llamaría a los sindicatos a que, con una recaudación extra de 177.000 millones de euros, no señalen tanto a las empresas y señalen al Estado", ha dicho.
