El 28 de abril de 2025, España vivió el mayor apagón eléctrico de su historia, un evento que dejó a millones de personas sin luz, sin teléfono y casi sin cualquier tipo de comunicaciones y paralizó la actividad diaria en todo el país. Este incidente no solo evidenció las vulnerabilidades del sistema eléctrico español, sino que también reveló graves fallos en la gestión gubernamental y en la comunicación de las autoridades, así como la responsabilidad de Red Eléctrica de España (ahora Redeia), después de diversos avisos previos que parecen haber sido ignorados por unos y otros.

El impacto del apagón

El apagón comenzó a las 12:33 horas del 28 de abril y afectó a toda la Península ibérica, incluyendo España, Portugal, Andorra e incluso partes del Sur de Francia. Durante varias horas, millones de personas se quedaron sin electricidad, interrumpiendo servicios críticos de la actividad diaria, como hospitales, transporte público, comunicaciones y comercio. En los hospitales, se recurrió a generadores de emergencia para mantener funcionando los servicios esenciales, pero esto no evitó la suspensión de operaciones no críticas.

El transporte público, como trenes y metros, se detuvo por completo, generando caos en ciudades como Madrid y Barcelona. Además, las redes de comunicación fallaron, dificultando la coordinación de emergencias y la comunicación entre ciudadanos, algunos de los cuales y según nos dicen los medios de comunicación, más de 24 horas después, seguían bloqueados en trenes y estaciones.

Este evento no solo causó inconvenientes inmediatos, sino también tuvo un impacto económico significativo. Negocios cerraron sus puertas, productos perecederos en supermercados y restaurantes se echaron a perder, y la productividad del país se vio severamente afectada. Aunque el coste total de este apagón aún está por cuantificarse, (algunos analistas han estimado que supondrá un 0,5% del PIB trimestral), queda claro que representa una de las mayores crisis energéticas a las que España se ha enfrentado en décadas.

Las declaraciones del presidente Sánchez: contradicciones y evasivas

Después de dos comparecencias (la primera cinco horas y media después de producirse el evento), en las que apenas añadió más información de lo evidente, (que se había producido un gran apagón), al día siguiente, en su tercera aparición ante los medios, ofreció un discurso ampliamente criticado por su falta de claridad y sus contradicciones.

Por un lado, Sánchez afirmó que el Gobierno no descartaba ninguna hipótesis sobre las causas del apagón, incluyendo la posibilidad de un ataque terrorista. Esta afirmación, aunque prudente desde un punto de vista de investigación, generó incertidumbre y temor entre la población, ya que no fue acompañada de evidencia concreta que justificara tal posibilidad.

Por otro lado, el presidente señaló a los "operadores privados" como responsables potenciales del incidente, afirmando que se les exigirían "todas las responsabilidades pertinentes". Sin embargo, esta declaración es profundamente cuestionable.

Red Eléctrica de España (Redeia), la entidad responsable de gestionar la red eléctrica nacional, no es un operador completamente privado. Aproximadamente el 20% de sus acciones están en manos de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), una entidad pública, y de facto, su presidencia es nombrada directamente por el Gobierno, (actualmente Beatriz Corredor nombrada en 2020), lo que sugiere un alto grado de influencia política en la gestión de la empresa.

Este entramado de relaciones entre el Gobierno y Red Eléctrica plantea serias dudas sobre la independencia de la compañía y sobre quién debe asumir la responsabilidad por el apagón. Si Red Eléctrica es en parte una entidad pública y su liderazgo es designado por el Gobierno, ¿por qué el presidente insiste en tratarla como un operador privado? Esta distinción parece un intento deliberado de distanciar al Ejecutivo de las fallas del sistema eléctrico.

Además, Sánchez criticó duramente a las centrales nucleares, argumentando que no formaron parte de la solución durante el apagón y que, de hecho, contribuyeron al problema. Según sus palabras, la recuperación del sistema se debió a las interconexiones con Francia y Marruecos y a las plantas de ciclo combinado, no a la energía nuclear. Esta postura ignora el papel crucial que la energía nuclear desempeña en la estabilidad del sistema eléctrico, proporcionando una fuente de energía constante y fiable. España ha estado cerrando paulatinamente sus centrales nucleares, lo que ha reducido la capacidad de generación firme y estable, aumentado la dependencia de fuentes intermitentes como la hidráulica, solar y eólica.

Avisos ignorados

Uno de los aspectos más preocupantes de este incidente es que los riesgos asociados con el apagón ya habían sido identificados y comunicados por la propia Red Eléctrica y otras entidades reguladoras. En su informe anual de 2024, presentado ante la CNMV, Red Eléctrica alertó sobre los riesgos derivados del cierre de centrales de generación convencional, como las nucleares y las de carbón. El documento señalaba que estos cierres podrían llevar a una "reducción de la potencia firme y las capacidades de balance del sistema eléctrico", lo que aumentaría "el riesgo de incidentes operacionales que puedan afectar al suministro y la reputación de la empresa".

A pesar de estas advertencias, apenas dos semanas antes del apagón, el 9 de abril de 2025, Red Eléctrica publicó un comunicado asegurando que "no existe riesgo de apagón". Este mensaje fue emitido en respuesta a un informe de ENTSO-E (Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad), que indicaba que España podría enfrentar un mayor riesgo de apagones entre 2026 y 2028 debido al cierre programado de la central nuclear de Almaraz. Red Eléctrica argumentó que el informe solo destacaba la necesidad de incentivos para las plantas de ciclo combinado, no un riesgo inminente.

Sin embargo, el apagón del 28 de abril demostró que los riesgos eran más inmediatos de lo que se había admitido públicamente. Esta discrepancia entre los informes internos y las declaraciones públicas plantea preguntas sobre la transparencia de la compañía y sobre si existió presión política para minimizar los riesgos percibidos.

Esperemos que del momento en que escribimos estas líneas, al del que las vean ustedes publicadas, tengamos una explicación que contemplar y sobre todo, la certeza de que no va a volver a pasar.

iBroker ha establecido medidas para identificar y gestionar los posibles conflictos de interés que puedan surgir en relación con la emisión de recomendaciones. Estas medidas se encuentran detallada en la Política de Gestión de Conflictos de Interés publicada en la web www.ibroker.es

Las fuentes de información utilizadas para emitir esta recomendación fueron la plataforma gráfica www.ibroker.es y la web de la empresa

Para más información puede dirigirse a iBroker Global Markets SV SA.