VALÈNCIA. La expectación es máxima en torno al resultado de la OPA hostial de BBVA al Sabadell. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)  comunicará este viernes 17 de octubre en qué ha quedado el proceso, que se cerró el pasado 10 de octubre. La última información que se conoce al respecto es que solo el 2,8% de los accionistas del Sabadell ha acudido a la OPA, según indicó la propia entidad, que durante estos casi 18 meses desde que BBVA realizara el anuncio ha defendido a capa y espada su rechazo a la absorción.

En este año y medio, la guerra propagandistica entre ambas entidades no ha mermado en su intensidad con el objetivo de convencer a los accionistas del banco catalán de dar el paso de acudir a la oferta, en el caso del BBVA, o bien de ignorarla para evitar la operación, como ha tratado de hacer el Sabadell.

La clave está en el porcentaje de aceptación que alcance la oferta, puesto que el éxito de la OPA está condicionado actualmente a alcanzar una aceptación mínima del 50%. Sin embargo, si se queda entre el 50% y el 30% de aceptación, el banco vasco se ha guardado la posibilidad de renunciar al umbral mínimo de aceptación del 50% y reducirlo, siempre y cuando obtenga acuda al menos el 30% del capital con derecho a voto de Sabadell.

Este escenario es el que ha abierto la posibilidad de que BBVA tenga que lanzar una segunda OPA obligatoria por Sabadell, que deberá ser en efectivo, o con alternativa en efectivo, por todo el capital que no posea y a un precio equitativo, un concepto este último que ha generado un debate entre las dos entidades sobre qué criterios seguir para fijar ese precio.

La semana pasada la CNMV salió al paso del debate aclarando que, en caso de una eventual segunda OPA obligatoria, daría a conocer los criterios para determinar el precio equitativo, por debajo del cual no se podría situar el precio fijado por BBVA.

Sin embargo, también está el escenario en el que BBVA no alcanza el 30% de aceptación en la OPA actual, con lo cual la oferta se declarará fallida, o que lo alcanza, pero decide no renunciar a la condición de aceptación del 50% y, por tanto, también se considerará fallida.

Impacto en el empleo y el servicio a consumidores en la Comunitat

En ese contexto, la Comunitat Valenciana (y especialmente la provincia de Alicante) se encuentra en el centro de una operación que podría modificar de forma significativa el mapa bancario regional, tanto por volumen de oficinas como por impacto en el empleo y la cohesión territorial. Cabe tener en cuenta que Banco Sabadell y BBVA suman más de 400 oficinas en el territorio.

La entidad catalana cuenta con 211 sucursales en la Comunitat (de ellas, 132 en la provincia de Alicante) y una plantilla de 1.160 personas. Por su parte, el banco vasco tiene 200 oficinas (79 en Alicante) y unos 1.400 personas en plantilla en el mismo ámbito.

El impacto potencial de la opa en esta red física, así como en los servicios bancarios y en el mantenimiento de los puestos de trabajo, ha sido uno de los aspectos más analizados por la CNMC y motivo de compromisos formales por parte de BBVA en caso de éxito de la operación. Además, es una cuestión que todavía no se ha abordado, por lo que sigue siendo una incógnita la afectación que puede tener en el empleo y en los consumidores. 

Como publicó Plaza, la CNMC identificó más de cuarenta localidades valencianas afectadas por la operación, 35 de ellas en la provincia de Alicante y ocho en la de Valencia. En estas zonas, la CNMC ha impuesto una serie de compromisos para garantizar el mantenimiento de oficinas y servicios, con especial atención a municipios con vulnerabilidades sociales, bajos niveles de renta o escasa competencia bancaria.

BBVA se comprometió a no cerrar oficinas en códigos postales con rentas por debajo de los 10.000 euros, lo que incluye numerosos barrios en Alicante y Elche, así como en municipios como Aspe, Calp, Elda, Orihuela, Torrevieja o Rojales. En Elche, destaca el código 03206 (Carrús). En Valencia, aparecen códigos de municipios como Gandia, Picanya y Tavernes Blanques, también protegidos por este criterio.

Sin embargo, Sabadell remitió un informe a la CNMV donde alerta que la entidad presidida por Carlos Torres contempla el cierre inicial de 300 oficinas tras la fusión, a lo que se sumarían nuevas medidas de "racionalización" de la red comercial una vez finalice la vigencia de las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros. Aunque BBVA no cuantifica el impacto laboral de estos ajustes ni detalla el proceso de integración de las plantillas, el Sabadell advierte en su informe de que estas decisiones tendrían un efecto "indudable" sobre el empleo, en especial en aquellos territorios donde existe una mayor concentración de sucursales de ambas.

Rechazo de los accionistas minoritarios

Cabe recordar que la Asociación de Accionistas Minoritarios del Banco Sabadell calificó la propuesta de BBVA como "ofensiva" y acusó al banco vasco de querer hacerse con el control "a precio de rebajas". Esta resistencia de los clientes accionistas del Sabadell hace más plausible la necesidad de una segunda OPA.

En un comunicado, la asociación reprochó que BBVA haya mantenido el mismo precio que propuso inicialmente: un canje de una acción de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Sabadell. Según su valoración, esto supone un 10% menos del valor de mercado actual y califican la operación como un intento de "comprar barato". Y es que, los minoritarios también critican que BBVA se reserve el derecho a reducir el umbral mínimo de aceptación del 50,01% al 30% del capital, lo que consideran un intento de "entrar por la puerta de atrás y controlar el banco sin contar con la mitad de sus accionistas". Además, alertan del mayor coste fiscal que la operación tendría para los accionistas del Sabadell, algo reconocido en el propio folleto.

En cuanto a la política de dividendos, el colectivo advierte que esta podría deteriorarse si BBVA finalmente adquiere el banco catalán, y sostiene que "el canje propuesto no compensa el potencial de Banco Sabadell en solitario".

Carlos Torres: "si hay ganancia, se pagan impuestos"

Desde BBVA, el presidente Carlos Torres respondió hace más de un mes a las críticas fiscales afirmando que, en caso de que se genere una ganancia, es lógico que los accionistas deban tributar. "Eso supone que has tenido una ganancia y por eso tienen que pagar impuestos, del mismo modo que tienen que pagarlos cuando reciben dividendos o cualquier otra renta”, explicó el directivo en rueda de prensa. También subrayó que las opas no disfrutan del régimen de neutralidad fiscal que sí se aplica en otros tipos de fusiones.

La CNMV, por su parte, autorizó la operación al considerar que el folleto cumple con los requisitos técnicos vigentes y que su contenido era "suficiente". Además, la SEC estadounidense concedió tres dispensas a BBVA para alinear los plazos en caso de que decida finalmente bajar el umbral de aceptación del 50% al 30%.