VALÈNCIA. Con un impacto mediático que traspasó fronteras, el valenciano Carlos Sanjuán plantó cara a las entidades bancarias españolas al señalar el grave deterioro que sufría la atención personal a los usuarios con la excusa de la implementación de los canales digitales, algo que se cebó especialmente con el colectivo de la tercera edad. Con su campaña 'Soy mayor, no idiota', este urólogo jubilado se puso al frente de los bancos a finales de 2021 y meses después obtuvo el respaldo de más de 650.000 firmas en Change.org.

Su mensaje era tan contundente y, sobre todo, tan cargado de hechos, que llevó al Ministerio de Economía, Banco de España y entidades a replantearse sus planes de digitalización y contemplar nuevas medidas para fomentar la atención del sector a las personas mayores o con discapacidad. Hoy, más de cuatro años después de su campaña, distintos representantes del sector financiero aseguran haber sido sensibles a todas las quejas que este valenciano jubilado supo canalizar a través de su iniciativa ciudadana, que además también abordaba el abandono de estas entidades en los municipios menos poblados.

Pero, ¿cómo se trasladan estos datos a la realidad de la Comunitat Valenciana? ¿Qué hay de cierto en esa mejora de los servicios que asegura el sector haber aplicado? Las cifras respaldan, a priori, ese relato. El número de municipios sin puntos de acceso presencial a servicios bancarios en la Comunitat Valenciana se sitúa en 233, según los datos más recientes del IVIE, correspondientes a diciembre 2024. Esto supone que 309 poblaciones valencianas han recuperado servicios respecto a 2021, cuando la cifra de localidades sin puntos de acceso presencial era de 542, tal y como se refleja en el informe de Inclusión Financiera en España elaborado por el IVIE en 2022.

Si se profundiza aún más al comparar el informe elaborado en 2022 con el publicado en 2025 (con datos relativos a 2024), se observa una mejora significativa en lo que se refiere a municipios que no tenían ningún tipo de atención, es edcir, ni siquiera contaban con un cajero o una oficina móvil. En 2021 un total de 143 poblaciones de la Comunitat Valenciana estaban en esta situación al carecer de de oficina, cajero, oficina móvil, agente y oficina de Correos. En diciembre de 2024 las localidades en este extremo se han reducido a 52. Por su parte, el Banco de España señala en un informe de seguimiento que el número de oficinas bancarias disminuyó en 2024, "pero mucho menos" que en años previos, mientras que el de cajeros automáticos aumentó ligeramente.

Pero para el autor de la campaña 'Soy mayor, no idiota', estos datos sólo reflejan una parte de la realidad y no demuestran que muchos de esos municipios que han recuperado servicios lo han conseguido a base de fórmulas poco satisfactorias, como las oficinas móviles bancarias, según indica. "Hay muchas personas descontentas. La mayoría de usuarios que reciben servicios a través de un ofibús no están satisfechas porque les dan poco tiempo y además no cuenta con personal del banco, aparte de que no van todos los días", explica a ValenciaPlaza.

En esta misma línea se expresa Marcos, un hombre de 81 años que ha iniciado una campaña también en change.org para recuperar la antigua Caja Postal, al calificar la fórmula de Correos Cash, un servicio que permite realizar operaciones básicas a través de Correos mediante acuerdos con entidades financieras privadas. "Correos Cash depende de la banca privada y de los servicios que a ella le interesan prestar. No es un banco público y no elimina los intereses privados de la ecuación", subraya el impulsor de esta iniciativa que lleva recabadas más de 25.000 firmas.

Uno de los casos que a Carlos Sanjuán le viene a la cabeza al pensar en municipios desatendidos financieramente es el de Serra, en la comarca del Camp de Turia. "Es sangrante. Hay muchas personas mayores que tienen que desplazarse a Náquera para sacar dinero. Aunque esté a tres kilómetros, para una persona mayor no es tan fácil. A Serra llega una oficina móvil y nada más. No nos podemos escudar en que la mayor parte de la gente se apaña digitalmente. Mi objetivo es que no se deje a nadie atrás", señala Sanjuán, quien asegura haber hablado con el anterior presidente del Consell, Carlos Mazón, y la vicepresidenta Susana Camarero sobre la situación de este municipio. "Camarero dijo que se lo tomaba como algo personal. Me he entrevistado también con Borja Sanjuán... Todos me dijeron que me facilitarían una invitación a Les Corts para denunciar este abandono, pero no ha sucedido", lamenta.

La ley que prometió Calviño en 2022, encallada en el Congreso

Pero la gran asignatura pendiente para Carlos Sanjuán es la puesta en marcha de la Autoridad en Defensa del Cliente Financiero, que está encallada en el Congreso casi cuatro años después de su lanzamiento. Esta figura tiene como objetivo centralizar las reclamaciones gratuitas de clientes bancarios, de seguros e inversión para resolver conflictos sobre normas de conducta y cláusulas abusivas, con resoluciones vinculantes de hasta 20.000 euros, con atención especializada y protección al consumidor financiero de manera más eficaz.

Sin embargo, pese a que el Proyecto de Ley fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2024, está parado en el Congreso. "Ante una queja de la banca, ya sea por falta de atención o porque ha cerrado una sucursal actualmente hay que reclamar vía judicial. Con la ley eso no sería necesario y en tres meses máximo habría una resolución independiente", indica.

Para Carlos Sanjuán, el balance de estos cuatro años desde su campaña es agridulce. "Se ha mejorado algo, sí, pero lo mejor de la campaña fue la promesa de la ministra de Calviño de aprobar la Autoridad en Defensa del Cliente Financiero. Sin embargo, seguimos esperándola", subrbaya el activista. No obstante, reconoce que también se han obtenido avances, como el decálogo de buenas prácticas que alivia la carga a los hipotecados más vulnerables ante la subida de tipos y la inflación. "Se ha prorrogado", destaca Sanjuán al hacer referencia al 'Código de Buenas Prácticas', impulsado por el Real Decreto-ley 19/2022 (RDL 19/2022). "Esta medida es buena porque va a permitir a estas personas estudiar su caso", agrega.