MADRID (EFE). El Gobierno hará público un informe sobre la consulta que lanzó el Ministerio de Economía sobre la opa del BBVA sobre el Sabadell previamente a decidir si eleva o no al Consejo de Ministros una decisión sobre ella, que estará basada en los motivos de interés general que pudieran concurrir.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se manifestaba así este lunes, en una rueda de prensa en Madrid junto a la comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, en el día previo al que será el último que tendrá el titular del Ministerio para tomar la decisión de si eleva o no la decisión al Consejo de Ministros.

Cuerpo ha señalado que la decisión sobre la oferta del BBVA para hacerse con el Sabadell se hará en línea y será respetuosa con "los lazos y procedimientos de la normativa española y europea".

Ha afirmado que la consulta, sobre la que harán público un informe "en su día", aunque no ha determinado la fecha, el Ministerio la utiliza como un mecanismo adicional de información para decidir si se eleva o no al Consejo de Ministros.

El ministro, que ha manifestado que están tomando la decisión "con todas las garantías", ha indicado que la consulta les ha permitido recoger información cualitativa y no ha sido una consulta para que los ciudadanos dijeran "opa sí, opa no".

Según Cuerpo, la consulta ha servido parea recoger "información válida de motivos de interés general distintos a los de competencia que puedan verse afectados por esta operación".

La comisaria María Luís Alburquerque, aunque no se ha pronunciado específicamente sobre la fusión entre BBVA y Sabadell, ha dicho respecto a las fusiOnes bancarias que para operar en el mercado financiero son significativas las economías de escala y que esas escalas son relevantes a la hora de encarar a los competidores no de la UE, sino de fuera.

También ha señalado que tenemos que ser capaces de que haya las inversiones necesarias que soporten la actividad de la economía en la UE y ser capaces de competir.

Un abogado y accionista de BBVA interpone recurso por la consulta

Por su parte, el abogado Ibor Fernandes, accionista de BBVA y socio de Statera Legal, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por la consulta pública que el Gobierno abrió el pasado 6 de mayo sobre la OPA que BBVA quiere lanzar sobre Sabadell, según el comunicado remitido por el bufete de abogado del que es socio.

Además, Fernandes ha pedido la adopción de una medida cautelar consistente en la suspensión de la utilización de los resultados de la consulta pública.

El despacho de abogados explica que el pasado 8 de mayo le requirió al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que el cese de la "vía de hecho" derivada de la apertura de una consulta pública "sin cobertura legal y con diferentes defectos formales de gravedad".

La firma dio un plazo de diez días desde el requerimiento que, sin embargo, no ha sido atendido, y por tanto se ha interpuesto ya este lunes el recurso con petición de medida cautelar. Sobre este último aspecto, el comunicado señala que se pide suspender el uso de los datos obtenidos por la consulta y que el objetivo de tal petición sería "evitar la pérdida de la finalidad legítima del recurso" y "aseguraría la efectividad de la futura sentencia".

Sobre los argumentos para presentar el recurso, el bufete de abogados sostiene que la consulta es "contraria" al principio de igualdad y no discriminación, puesto que la formulación de la misma es diferente en función de si el interesado considera o no que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación entre BBVA y Banco Sabadell.

Además, señala que el proceso para cumplimentar el formulario está "ausente" de cualquier autenticación de identidad del usuario, lo que infringiría, según la firma, la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

Esto cobraría "mayor relevancia" considerando la posibilidad de que una "suplantación a gran escala" (como un ataque informático podría "tergiversar líneas de opinión que el Gobierno ha manifestado que va a tener en consideración". Con respecto a esta cuestión, el bufete subraya que es "de especial transcendencia" en un contexto donde existen "intereses en la desestabilización de las democracias occidentales por determinados actores ajenos en el contexto geopolítico".