VALÈNCIA. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha descartado este miércoles la existencia de una burbuja inmobiliaria en España, aunque ha advertido de un desequilibrio creciente entre la oferta y la demanda de vivienda que puede tener consecuencias sociales y económicas relevantes si no se aborda con rapidez y coordinación.
Durante la presentación de los resultados semestrales de la entidad, Gortázar explicó que el precio de la vivienda sigue una evolución al alza, y estimó que podría aumentar en torno al 9% este año. Una situación que considera preocupante si persiste la escasez de oferta: "Nos encontraremos con más personas que no pueden acceder a una vivienda".
A su juicio, el acceso actual todavía es posible gracias a la bajada de tipos y a la fuerte competencia entre entidades financieras, que está permitiendo ofrecer hipotecas con cuotas asumibles. "La propia competitividad del sector financiero, junto con la evolución de los tipos, está permitiendo que muchas personas puedan permitirse una vivienda", indicó.
En este sentido, quiso marcar distancia con la situación vivida en la crisis de 2008: "Es una situación completamente diferente a la que vivimos hace 16 años, cuando la contribución del PIB residencial estaba cerca del 12%. Ahora está en el 6%, y el peso del sector promotor en los balances de las entidades ha bajado del 24% al 6%".
"No tenemos una burbuja inmobiliaria", insistió Gortázar. "Lo que tenemos, al contrario, es una situación de escasa oferta. Y esto ya está generando cuellos de botella en sectores como el hotelero, que no pueden invertir en España porque no encuentran mano de obra, y esto solo va a ir a más".
El consejero delegado hizo un llamamiento a dejar fuera el populismo del debate sobre la vivienda: "Dejemos la vivienda fuera del populismo y el debate estéril, y busquemos consensos. Para arreglar el problema necesitamos coordinación entre la administración central y las comunidades autónomas".
Según Gortázar, España no está construyendo lo suficiente para atender la demanda generada por la creación de nuevos hogares, la emancipación de los jóvenes o el aumento poblacional. "No estamos siendo capaces de acompañar a la población, y eso nos va a afectar a nivel social y también económico", alertó.
Para hacer frente a este reto, reclamó más suelo disponible, agilizar los plazos administrativos, dar estabilidad regulatoria y atraer inversión privada: "La inversión debe venir del sector privado porque el sector público tiene un nivel de deuda muy elevado. Hay que dar seguridad jurídica para que el sector privado pueda desarrollar vivienda protegida y otros proyectos".
También pidió avanzar "de la disputa ideológica a la gestión", recordando que los ciclos de construcción son largos y que "hay que poner las bases ahora para que el problema se solucione de aquí a cinco años".
Por último, defendió la necesidad de regular los pisos turísticos y señaló que la inmigración regulada juega un papel esencial en el crecimiento económico: "No quiero entrar en ese debate, pero si no atraemos inmigración, habrá un impacto en la economía".