MADRID (EFE). La Audiencia Nacional ha rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por el bufete Statera Legal, que pedía que no se emplearan los resultados de la consulta pública abierta por el Gobierno sobre la opa lanzada por el BBVA al Sabadell, al entender que no existe la urgencia que se pretende.

En un auto fechado ayer al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia explica que la decisión sobre la operación corresponde al Consejo de Ministros, que es el que en última instancia debe resolver si mantiene, endurece o suaviza los requisitos expuestos el pasado mes de mayor por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Es por lo tanto el Ejecutivo el que debe evaluar si la opa afecta o no al interés general, como afirmaba el bufete en su recurso.

El Ministerio de Economía abrió una consulta pública del 6 al 16 de mayo para recabar la opinión de cualquiera que considerara que la opa del BBVA al Sabadell afecta al interés general, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobara la operación sujeta a una serie de compromisos.

La idea era escuchar la opinión de terceros para que el Ministerio de Economía, con toda la información disponible, decidiera si elevaba la cuestión al Consejo de Ministros, como finalmente hizo, lo que abre la puerta a que el Ejecutivo imponga nuevas condiciones que compliquen la operación para el BBVA.

La consulta, indica el auto, es un mero "trámite no cualificado que no decide ni directa ni indirectamente sobre el fondo del asunto", y la decisión de elevar la consulta al Consejo de Ministros cuenta, "como hecho base", con la particularidad de que cinco ministerios con competencias económicas -Industria, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Seguridad Social e Inclusión y Trabajo, y Economía- lo habían pedido.

La Audiencia recuerda que "cualquiera que sea" la decisión que adopte el Ejecutivo, puede ser cuestionada ante el órgano jurisdiccional competente, el Tribunal Supremo.

El auto de la Audiencia Nacional cuenta con el voto particular del magistrado Francisco Díaz Fraile, que señala que la "especial urgencia" viene dada por el hecho de que el ministro de Economía haya elevado la decisión "sobre la concentración económica en cuestión al Consejo de Ministros".