MADRIDn (EFECOM). Estas sicavs son bastante comunes en Europa no solo entre las familias más acaudaladas, sino también como instrumento para gestionar fondos de inversión, gracias a sus ventajas fiscales: se paga un 1 % de impuestos por los rendimientos y plusvalías que generen.

Para crear una sicav se deben cumplir algunos requisitos, como contar con al menos cien accionistas y un capital mínimo de 2,4 millones de euros; en el caso de una sicav por compartimentos, el capital mínimo desembolsado es de 480.000 euros.

Existen también restricciones a la inversión del capital de la sicav, que debe estar destinado principalmente a valores admitidos a cotización y diversificado entre distintas sociedades.

Aún así, el favorable tratamiento fiscal sigue siendo el gran gancho para la creación de una sicav. Entre las mayores de España están Morinvest, en la que participa la empresaria Alicia Koplowitz; y Allocation, vinculada a la familia del Pino.

Al margen de las propias sicavs de grandes fortunas, hay numerosos fondos de inversión creados en el extranjero y comercializados en España que son gestionados por este tipo de sociedades de inversión y que suelen estar domiciliadas en Luxemburgo.

Es el caso del fondo privado de pensiones suscrito por varios eurodiputados y vinculado a una sicav en Luxemburgo, cuya legalidad ha defendido el Parlamento Europeo, y que ha llevado a dimitir al líder de IU Willy Meyer, tras asegurar desconocer este vínculo.

Según el PE, el fondo se creó en 1990 por un grupo de entonces eurodiputados y al que se han ido añadiendo sucesivos parlamentarios europeos.

La Eurocámara precisó hoy que en junio de ese año, al constituirse el fondo de pensiones y ante la falta de un régimen común, la Mesa del Parlamento Europeo aceptó colaborar con ese fondo complementario.

La fórmula escogida para este sistema fue una sicav, que el PE insiste "es absolutamente legal y se utiliza frecuentemente para sistemas complementarios de pensiones".

En aquella época, los sueldos, cobertura y prestaciones sociales de los eurodiputados dependían de cada Estado Miembro y sus normas nacionales, explicaron las fuentes.

La Mesa del Parlamento Europeo salió de ese fondo en 2009, con la entrada en vigor del nuevo Estatuto del Eurodiputado, en virtud del cual los salarios y prestaciones sociales -incluidas las pensiones- pasaron a depender de las instituciones europeas.

Fuentes parlamentarias dijeron a Efe que en ese momento "los eurodiputados fueron informados de la decisión del PE de retirarse del fondo" y que en consecuencia, de forma privada, podían decidir si continuaban sus aportaciones o no.