VALÈNCIA (EP). La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha celebrado la unanimidad alcanzada este jueves por el pleno de Les Corts para la aprobación de la Ley de Accesibilidad Universal, una norma que recoge "demandas históricas" del sector y que supone "un hito que permitirá avanzar en un reconocimiento de derechos largamente esperado por las personas con discapacidad", con el objetivo de "remover los obstáculos que impiden una igualdad de oportunidades real y efectiva"

Según ha expuesto, esta norma surge de un proceso de tramitación parlamentaria que ha contado con la participación de entidades representativas del sector y de expertos en la materia, lo que ha permitido enriquecer el texto con aportaciones clave para responder a las necesidades de las personas con discapacidad y de sus familias.

Camarero ha destacado, en un comunicado, que "el Consell lo tuvo claro desde el primer momento al dar su apoyo a que se tramitara esta iniciativa escuchando al sector, algo que es esencial porque desde la Generalitat se trabaja codo con codo con las entidades para desarrollar las políticas".

La reciente reforma constitucional mandata a los poderes públicos a desarrollar políticas que garanticen la plena autonomía personal en todos los ámbitos de la vida, con lo que "la Comunitat Valenciana no podía tampoco permanecer ajena a la necesidad de actualizar su corpus legal para equipararse a las normas más avanzadas en esta materia".

Se da así "un paso adelante fundamental para garantizar la no discriminación de las personas con discapacidad y de sus familias al establecer los mecanismos para hacer valer la accesibilidad universal en cualquier esfera de la vida pública", ha resaltado la consellera.

Esta norma incorpora la igualdad y la perspectiva de género como elementos inherentes a la accesibilidad universal, con el objetivo de garantizarla en todos los espacios públicos y sociales, entornos naturales, sistemas de transporte, medios de comunicación y servicios de atención a la ciudadanía como un compromiso común compartido por la Generalitat y los ayuntamientos valencianos.

Se incluyen condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación y planes de promoción y garantía de la accesibilidad universal, junto a la creación de un consejo valenciano de promoción y garantía de la accesibilidad universal para velar por el cumplimiento de la norma.

Entre las medidas de esta ley, se garantiza la lectura fácil en textos legales para personas con discapacidad, se regula y promueve la lengua de signos en la enseñanza y se vela por que todas las personas puedan desplazarse, acceder, usar y salir de un entorno sin barreras de ningún tipo.

Además, se obliga a incluir memorias de accesibilidad en proyectos de infraestructura y ajustes razonables en edificaciones existentes y urbanismo para eliminar barreras arquitectónicas.

En esta línea, se crearán planes de accesibilidad en parques naturales y se adaptarán playas urbanas con itinerarios accesibles y señalización inclusiva, además de instalar cabinas adaptadas en espacios públicos.

Medidas adaptadas ante emergencias

En materia educativa se desarrollarán planes específicos de accesibilidad en etapas obligatorias y superiores, mientras en emergencias se incorporarán medidas en planes de protección civil adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad.

Paralelamente, se establece la creación de una oficina de coordinación y promoción de la accesibilidad universal, algo que se impulsará en servicios públicos digitales para garantizar la igualdad de acceso a la información y la comunicación.

Habrá también requisitos obligatorios de accesibilidad en contratos públicos, con sanciones en caso de incumplimiento, y un enfoque interseccional que garantice la igualdad de género y no discriminación en todas las políticas públicas de accesibilidad.

Sanciones

En cuanto a las sanciones, se clasifican en leves, ante ausencia de señalización accesible; graves, por incumplimiento de requisitos de accesibilidad en edificios o servicios públicos, y muy graves frente a la negativa a realizar ajustes razonables o incumplimiento sistemático de la ley.

Las sanciones incluyen multas proporcionales, medidas correctivas obligatorias y, en casos extremos, suspensión de actividades.