VALÈNCIA (EFE). Compromís y Unides Podem, socios de gobierno del PSPV en el Consell y los primeros en el Ayuntamiento de València, han cargado este lunes contra los socialistas por haber decidido que la Abogacía de la Generalitat recurra ante el Supremo la última sentencia sobre la ZAL del puerto de València.

El vicealcalde de València Sergi Campillo (Compromís) ha considerado un error que la Conselleria de Territorio haya decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la última sentencia sobre la Zona de Actuaciones Logísticas del puerto y ha defendido la reversión de los terrenos a su estado original, como piden asociaciones vecinales y colectivos ecologistas.

En un comunicado, Campillo ha lamentado que "el PSPV ponga el interés económico por delante del ambiental, de la sostenibilidad o el respeto al patrimonio", por lo que ha pedido un viraje en su posición y que asuma la sentencia.

Por su parte, la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, también de Compromís, ha escrito un breve comentario en Twitter ante la noticia del recurso: "No puedo estar de acuerdo con esta decisión".

Y desde el otro socio de gobierno del Botànic, Unides Podem, su síndica, Pilar Lima, ha escrito en esa misma red social: "Esto no es reparar el daño causado, esto es volver a golpear a las vecinas y a los vecinos de La Punta".

Desde su partido se añade que la decisión de recurrir la sentencia se ha tomado por "una parte del Gobierno valenciano" y "supone alargar el drama emocional y ambiental" de esa zona de València.

Sergi Campillo, por su parte, ha señalado que en València "no necesitamos ni más contaminación ni más ruido, sino bajar la temperatura de nuestros barrios, cambiar nuestra forma de desarrollo y defender el derecho a la salud y el medio ambiente".

La Abogacía de la Generalitat ha planteado una cuestión de "interés casacional" para que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las actuaciones que se tienen que seguir en la ZAL del Puerto de València tras la sentencia que declara nulo su Plan Especial.

El recurso de casación pretende que se esclarezca si el valor superficie se debe considerar de forma aislada o por relación a todo el entorno que debe regular, han indicado fuentes del Gobierno autonómico.

La Generalitat argumenta también que el suelo de la ZAL ya está "completamente" urbanizado y añade: "Puesto que las evaluaciones ambientales estratégicas tienen una vocación preventiva, acudir a una evaluación ambiental ordinaria tiene sentido solo cuando el suelo no está transformado".

Independientemente de lo que jurídicamente le corresponde hacer a la Administración valenciana, desde el Consell han subrayado que "el modelo de la ZAL planteado originariamente no es el que hubiera propuesto" la actual Administración autonómica.

Por eso, la Generalitat insiste en que seguirá "trabajando con todas las herramientas posibles para buscar consensos con el Ayuntamiento y los vecinos de la zona, para integrar la ZAL en la ciudad de València y combinar una solución que combine protección del medio ambiente y crecimiento económico".