VALENCIA (EFE). El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha asegurado este jueves que no tiene ninguna constancia de cajas "b, ni c ni h" en la contabilidad del PP de la Comunitat Valenciana mientras el estuvo al frente del partido.

El levantamiento por parte del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia del secreto del sumario sobre la pieza principal del caso Imelsa ha revelado unas declaraciones del exgerente de Imelsa Marcos Benavent en las que implicaría tanto a Camps como a otros miembros del Consell y del PP valenciano en el cobro de comisiones ilegales.

Sobre esas supuestas implicaciones, Francisco Camps ha dicho en declaraciones a EFE que "jamás" ha tenido ningún contacto con Marcos Benavent ni ha desempeñado ninguna función como "recaudador" del partido, ni ha "llevado dinero a ningún sitio".

El expresident ha desmentido "rotundamente" cualquier implicación en este caso y asegurado que solicitará al juzgado que "se deduzca testimonio de todo aquel que manche" su nombre o le implique en esos supuestos hechos delictivos.

Camps ha negado saber nada ni de "contratos, ni favores, ni cajas b, ni financiación irregular, ni cobros".

Por todo esto, el expresident ha manifestado su intención de querellarse contra quien le "implique directa o indirectamente", quien le calumnie o le injurie o manche "incluso levemente" su honor.

El caso Imelsa se estructura en una pieza principal, que hoy ha dejado de ser secreta, en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunitat Valenciana (Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Valencia y Generalitat), y cinco piezas separadas.

En el caso Imelsa, que nació en abril de 2015, hay más de cien investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos.

También se investiga un supuesto tráfico de influencias, cohecho, fraude en la contratación pública, falsedad, blanqueo de capitales y delito electoral en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.