VALÈNCIA (EFE). Alrededor de cuarenta organizaciones feministas y sociales, políticas y sindicales han exigido este viernes a la alcaldesa de València, María José Catalá, la "universalización" del bono transporte y que suprima el requisito de residencia legal en España, que consideran "discriminatorio".

Las entidades han suscrito un documento dirigido a la alcaldesa, que registraron este jueves en el Ayuntamiento del que remitieron copia al Síndic de Greuges, ya que se adjunta a la queja que presentó a esta última entidad Valencia Acull, que denunció que el consistorio valenciano había impedido que las personas en situación irregular pudieran obtener los bonos de los autobuses.

En el documento recuerdan que el concejal de Movilidad Sostenible, Jesús Carbonell, contestó con una negativa a la petición de Valencia Acull de que las personas en situación administrativa irregular pudieran acceder al transporte en iguales condiciones que las otras residentes.

Según Valencia Acull, las razones que dio fueron que la nueva corporación municipal había valorado que el título "Refugi" ya cubre a las personas solicitantes de asilo por tener expectativas de su obtención y mientras se mantenga la situación de asilo, y no resulta "procedente atender casos en los que, al margen de esa circunstancia concreta, no se disponga de residencia legal en España".

A juicio de las entidades firmantes del documento remitido a la alcaldesa, esa respuesta, "además de elusiva, entra casi en el terreno del surrealismo, si no fuera por la carga simbólica y real que tiene".

"Es una prueba más -alertan- de la ofensiva de su ayuntamiento, en acción perfectamente coordinada con el resto de las instituciones autonómicas que su partido y el de sus socios de Vox controlan, para desarrollar políticas reaccionarias de marcado tinte antifeminista, racista y xenófobo".