VALÈNCIA.- El 21 de diciembre de 2021, Manolo Mata, síndic del PSPV, Pilar Lima, portavoz de Unides Podem, y Fran Ferri, entonces apurando sus últimos días como síndic de Compromís, posaban orgullosos ante las cámaras de los fotógrafos y operadores de cámara con el acuerdo firmado entre los tres pilares del Botànic sobre el diseño que debería tener la tasa turística en territorio valenciano, proceso que llegó a presentarse en Les Corts a principios de abril.
Para llegar a esa instantánea cabe retroceder unos cuantos años. Fue un largo proceso, como el vivido con otras tantas leyes que han impulsado desde el Botànic. Algunas fueron tramitadas a ritmo caribeño. El caso de la que nos ocupa, la ley de este Impuesto Valenciano sobre Estancias Turísticas, ha ido moldeando su forma hasta convertirse en un sucedáneo de las que pululan por España y Europa. Una tasa anhelada por los socios de los socialistas sobre la que han estado insistiendo desde 2017. Año a año se convirtió el asunto en tema recurrente en la negociación previa a los presupuestos autonómicos. Un tema con el que hemos llenado horas de tertulias, de papel y de páginas web. Ahora sí, han conseguido los partidos a la izquierda del PSOE alcanzar ese hito. Aunque podríamos sostener, irónicamente, que sería un hito sin hache, porque, como hemos apuntado, lo cierto es que es una tasa ligerita, blanda y con visos de que ni el pulpo lo implante.
Para llegar a semejante conclusión no hace falta hacer una ardua labor de investigación sino ceñirse a las palabras de Ximo Puig en una de sus múltiples declaraciones al respecto. «Realmente no se va a implantar en prácticamente ninguna ciudad de la Comunitat Valenciana, porque la inmensa mayoría de los ayuntamientos ha decidido no hacerlo», apuntó el jefe del Consell cuando no paraban de preguntarle los periodistas sobre esa medida que estaba siendo discutida por su propio secretario autonómico de Turismo. Algo inaudito. Que el responsable de Turismo, el socialista Francesc Colomer, rechazara la implantación de esa tasa. Pero desde el minuto uno. Ya en 2017, cuando empezaron a plantearse el impuesto, Colomer mostraba su postura contraria a la aplicación de la misma, lo hacía tanto en entrevistas como ante la comisión de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías, celebrada en Les Corts.
El caso es que el responsable de Turismo ha rechazado sistemáticamente aplicar la tasa porque «perjudica al sector». Esa defensa a ultranza de Colomer le puso en la diana de los socios del Botànic. «Lo que sí nos preocupa es que los altos cargos del Consell, que deberían escuchar las diferentes opiniones, se posicionen tan claramente frente a un mandato de la mayoría de las Corts Valencianes», decía el diputado de Podemos, David Torres. También, la vicepresidenta Mónica Oltra disparó hacia el dirigente para señalar que el turismo en la Comunitat va más allá de la representación plasmada en el Consell de Turismo, y que hay otros agentes, como los propios usuarios, y los trabajadores, que podrían estar a favor de la tasa que gravaría las estancias en establecimientos hoteleros reglados. Declaraciones que se han ido repitiendo, casi palabra por palabra, durante cinco años. Un tema de esos que los juntaletras llamamos recurrentes, que vienen y van, y que ayudan a quienes trabajamos en esto a tener polémica asegurada cada cierto tiempo. Un clásico que de vez en cuando nos deja respirar de otros como el de la reforma del Sistema de Financiación Autonómica.
