VALÈNCIA. Acció Ecologista-Agró ha presentado un total de catorce alegaciones y sugerencias a la solicitud de inicio de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica (EATE) de la propuesta del Plan Especial de delimitación de patrimonio público de suelo "Ampliación del Parque Empresarial Nuevo Tollo" de Utiel. Según la organización, la documentación consultada presenta grandes deficiencias, especialmente en lo que respecta a la transparencia en el procedimiento de expropiación de terrenos y al diagnóstico de la situación medioambiental de la zona afectada y de los efectos previsibles.

En esta ocasión es la propia Generalitat Valenciana quien, a través del Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (IVACE), está detrás de la ampliación del Parque Empresarial Nuevo Tollo de Utiel, adquiriendo el doble rol de juez y parte. Esta posición genera entre las ecologistas “cierta incertidumbre y desconfianza, por la posible complicidad que se pudiera producir a la hora de realizar el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental, formular las correspondientes declaraciones y aprobar el plan”.

Así lo han expresado en las alegaciones presentadas en tiempo y forma ante la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, tras haber consultado de manera exhaustiva el Documento Inicial Estratégico (DIE) y la Memoria Informativa y Justificativa (MIJ) de dicho plan.

A lo largo de este proceso, AE-Agró ha identificado una falta de precisión en la denominación del nuevo parque empresarial, al que se le llama Nuevo Tollo y Nuevo Tollo II, una ambigüedad que puede generar dudas tanto en su ubicación como en la expropiación de terrenos afectados. Así como también en la superficie del área industrial, sin quedar claras las hectáreas o metros cuadrados exactos de suelo agrícola que van a ser sacrificadas. Si bien en la mayoría de las ocasiones se suele hablar de 50 y 60 hectáreas, al calcular el índice de ocupación de suelo para actividades económicas mediante la fórmula IMOSE, se dice que la cifra estará más cercana a las 52 hectáreas.

Estas cuestiones poco clarificadas en la documentación, desde Agró consideran que dificultan la comprensión de la información, que no resulta inteligible a pesar de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 27/2006, provocando en consecuencia el desistimiento de la participación ciudadana. Tal como puede observarse sucedió en la fase de consulta previa, para el inicio del procedimiento, durante la cual sólo una persona respondió al formulario. 

A todo esto, añaden desde Acció Ecologista-Agró, que es en la expropiación donde han observado una mayor opacidad en el procedimiento al echar en falta el Anexo II sobre ‘Relación de parcelas y titulares catastrales afectados’ que debería haberse incluido en la documentación de la Memoria Informativa y Justificativa del plan. La entidad lamenta no disponer de información sobre los avances realizados en el proceso de expropiación por la vía de enajenación, ni del nivel de aceptación de los propietarios de los terrenos, en beneficio del Plan Especial Empresarial Nuevo Tollo II.

En este sentido insisten en la falta de datos y la ligereza con que se realiza el diagnóstico de la situación medioambiental a ocupar y de los efectos previsibles. "No hay mención alguna al mal estado cuantitativo de las masas de agua de la zona, del que advierte por ejemplo el <<Plan de explotación de la masa de agua subterránea Requena-Utiel de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni a la sobreexplotación que sobre los caudales del río Magro está generando la Política Agraria Común. Tampoco se toma en consideración el cambio climático".

En paralelo, para AE-Agró, el hecho de presentar las alternativas (0, A, B, C y D) responde a que la legislación obliga al promotor a realizar un estudio de ellas. Pero según sus pesquisas, la elección de la Alternativa A no deja de ser una mera simulación, dado que su ubicación ya estaba decidida con antelación. "Prueba de ello es el plano encontrado en un documento de presentación del mal llamado ‘proyecto’ que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Utiel en 2022 y en el que la ampliación se sitúa en las inmediaciones del actual polígono nuevo tollo, correspondiéndose esta ubicación con la que presenta la Alternativa A". Al pactarse dicha alternativa, se observa cómo se van eliminando los riesgos, amañándose a su medida la escasez de datos. Por todo ello, Agró aboga por el principio de precaución en la toma de decisiones.

No obstante, en las alegaciones presentadas, el colectivo sugiere que, de tener que ejecutarse el plan, la alternativa que minimiza o previene en mayor medida los efectos sobre el medio ambiente es la Alternativa B, que ubica la ampliación al sur del actual parque empresarial Nuevo Tollo. Por un lado, porque esta delimitación se enmarca en un entorno ya fuertemente antropizado por diversas infraestructuras, como la red ferroviaria de alta velocidad, la carretera N-III y la autovía A-3. Y, por otro, porque con esta opción se salvaría el corredor territorial fluvial de los cauces del río Madre y del río Magro, además de la acequia de Cabañas, señalada por el obsoleto PATRICOVA con peligrosidad de inundación nivel 4, o el patrimonio arqueológico más colindante con la Zona A como la Casa del Vicario, la Ermita de Santa Bárbara y el Campillo. Con esta alternativa, también se evitarían mayores afecciones al topillo de cabrera (Microtus cabrerae), mamífero cuyo estado de conservación es "vulnerable", de acuerdo con el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) y el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas.

Finalmente, desde AE-Agró alertan de la pérdida de identidad y valor cultural y paisajístico del Territorio Bobal, amenazado de nuevo por este nuevo plan industrial, que se suma la instalación de las 25 plantas fotovoltaicas y los 8 parques eólicos proyectados en la Comarca. Y, sugieren que, al no estar todavía desarrollado el proyecto de urbanización del Parque Empresarial Nuevo Tollo II se apliquen los principios de la ecología industrial sostenible y de la economía circular. En relación al patrimonio público del suelo, otra propuesta que hacen al IVACE, como beneficiario de la explotación, es que el porcentaje estipulado del dinero de la venta de parcelas, se dedique a establecer programas de desarrollo de la mujer rural.