VALÈNCIA (EP). El Ayuntamiento de Alaquàs ha solicitado a la Generalitat que la localidad sea declarada como zona tensionada con el objetivo de "garantizar que las vecinas y los vecinos de Alaquàs tengan acceso a una vivienda digna ante la situación crítica de precios de compra y alquiler en ascenso y la mercantilización de la vivienda".

El pleno del corporación municipal aprobó en febrero --con los votos a favor del PSPV-PSOE y Compromís y en contra de PP y VOX-- la moción presentada por Compromís a través de la cual se pide al ejecutivo autonómico que declare el municipio como zona tensionada en caso de darse las condiciones establecidas en la ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Se pretende así "asegurar que las vecinas y los vecinos de Alaquàs tengan acceso a una vivienda digna ante la situación crítica de precios de compra y alquiler en ascenso y la mercantilización de la vivienda", explica el equipo de gobierno municipal en un comunicado.

A través de este moción se insta también a la Generalitat Valenciana a financiar un programa para ampliar el parque público municipal de vivienda a través de la compra, rehabilitación y/o construcción con fondos íntegramente autonómicos, devolver el carácter permanente a la calificación de protección pública para blindar el parque público contra la especulación.

Igualmente, el Ayuntamiento aboga por reformar el Decreto Ley 9/2024, de 2 de agosto, del Consell, de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico con el objetivo de eliminar la trampa de los 11 días para considerar un alojamiento como turístico y así evitar que se disfrazan de uso residencial miles de apartamentos destinados realmente al turismo.

Derecho preferente de la administración

Se preguntará también garantizar el derecho preferente de la administración a la compra de cualquier vivienda susceptible de incorporarse al parque público antes de que los especuladores para "poder ofrecerla a precios justos, impulsar el registro obligatorio y efectivo de grandes tenedores e inspecciones fiscales periódicas, dotar de garantías habitacionales las personas en situación de vulnerabilidad por riesgo de desahucio, dotar un servicio de atención para asesoramiento y apoyo a locatarios, sancionar las plataformas que anuncien pisos sin licencia, velar por la conversión de antiguos pisos turísticos en vivienda de alquiler público y obligar a que las nuevas construcciones tengan un mínimo de la 30% vivienda asequible".

La moción contempla también instar al gobierno de España a garantizar el incremento anual del parque público hasta el 9,2% el 2030 (media europea), convertir el 100% de las viviendas de la SAREB en parque público de alquiler, prohibir la compra de vivienda para usos no residenciales a fondo buitres y sociedades Especulativas, crear barreras de entrada para inversores que buscan rentabilidades altas y rápidas, limitar el precio legal del alquiler para que cabe persona tenga que destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler, implementar el modelo de contrato de alquiler indefinido asequible como otros lugares de Europa, limitar las subidas anuales del alquiler al IPC real y establecer un supuesto de recargo progresivo del IBI a partir de la 3.ª vivienda vacía.