VALÈNCIA (EP). La Asociación Naturalista de Ayora y la Valle (ANAV) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia contra la tramitación de 25 macroproyectos fotovoltaicos en el Valle de Ayora-Cofrentes, extendiéndose el impacto a las localidades castellano-manchegas de Almansa y Carcelén.

En un comunicado, ANAV sostiene que la tramitación de estos proyectos se realiza "de forma fraudulenta", fragmentando "deliberadamente" los expedientes para "eludir la Evaluación Ambiental Estratégica y minimizar el análisis de impactos acumulativos sobre el territorio".

La organización solicita a la Fiscalía que investigue posibles delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como prevaricación administrativa por parte de la administración valenciana y el Ministerio de Transición Ecológica, "al autorizar proyectos a sabiendas de que incurren en fraudes de ley".

ANAV presentó en junio del año pasado una primera denuncia contra cinco proyectos fotovoltaicos en la comarca, que el pasado 2 de julio amplió en 20 más. En total, "suman 2.450 hectáreas de terreno y afectan a zonas de alto valor ecológico".

La asociación denuncia que la fragmentación permite evaluaciones ambientales individuales, "menos exigentes", lo que "facilita la aprobación de proyectos que, en conjunto, constituyen un plan de gran impacto ambiental y territorial".

Asimismo, acusa a la administración, "fundamentalmente la autonómica pero también la estatal", por otorgar su permiso a la realización de los proyectos "a sabiendas de que nacen amañados, que su impacto es más grave de lo que estiman los (ineficientes, incompletos, inadecuados) estudios de impacto realizados por los propios promotores, y que contravienen la normativa local, autonómica, estatal y europea".

Igualmente, ha apuntado que la ejecución de los proyectos "choca con iniciativas de conservación financiadas por la Unión Europea (UE) y que se encuentran bajo la supuesta tutela de las administraciones estatal y valenciana, como Vialynx (recuperación del lince ibérico) y programas para el águila imperial".

A su juicio, esto es "un auténtico despróposito" que tiene como finalidad "favorecer los intereses particulares de empresas promotoras".

ANAV pide a la Fiscalía que "abra diligencias de investigación y que paralice cautelarmente los expedientes y todas las obras que se hallan en ejecución, en tanto en cuanto se determine el alcance de las infracciones".