Calicanto Village continúa con las viviendas sin licencia de ocupación y seis chalés bloqueados por orden judicial

VALÈNCIA. Nueve meses después, el conflicto de Calicanto Village continúa lejos de resolverse. Las familias que a finales de 2025 denunciaban que estaban siendo convocadas para escriturar unos chalés todavía sin Licencia de Primera Ocupación (LPO) han seguido caminos distintos desde entonces: algunos compradores aceptaron firmar, otros se negaron y una parte ha terminado acudiendo a los tribunales para evitar que sus viviendas puedan ser vendidas a terceros.

Y es precisamente en los juzgados donde se encuentra una de las principales novedades del caso tras el seguimiento realizado por este periódico. Según explica a Valencia Plaza el abogado que representa a 13 de las 35 familias afectadas, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de València ha dictado seis órdenes de prohibición de disponer sobre viviendas, que, según asegura, ya han sido inscritas en el Registro de la Propiedad.

En la práctica, estas medidas impiden a la promotora vender a terceros esos seis chalés que no llegaron a escriturarse mientras las prohibiciones permanezcan vigentes. No suponen, sin embargo, que la justicia haya resuelto ya el conflicto de fondo a favor de los compradores, sino que impiden que se pueda disponer de los inmuebles mientras continúa la disputa judicial.

El origen del caso se remonta a la promoción de 36 chalés pareados de Calicanto Village, en Godelleta, cuyas primeras entregas estaban previstas para la primavera de 2025. Lo que comenzó como un retraso en las obras fue sumando nuevos frentes con el paso de los meses: el abastecimiento de agua, la depuración de las aguas residuales, la situación urbanística de la promoción y, finalmente, la entrega de unas viviendas que seguían sin licencia de primera ocupación.

A partir de las convocatorias para escriturar, la situación de los compradores comenzó a dividirse. Una parte decidió firmar y completar la compraventa, aunque, según asegura el abogado de los afectados, nueve meses después estas familias continúan sin licencia de primera ocupación y con agua y electricidad provisionales de obra. El letrado sostiene además que todavía quedan trabajos pendientes tanto en algunos chalés como en la propia urbanización, con actuaciones por completar en aceras o alumbrado.

A ello se suma, según los vecinos, otro problema: la imposibilidad de empadronarse en las viviendas. El abogado afirma que el Ayuntamiento de Godelleta está rechazando estas solicitudes precisamente por la ausencia de LPO.

La otra situación es la de quienes decidieron no firmar al considerar que los chalés no reunían todavía las condiciones para ser entregados. Según su representante legal, la promotora entiende que estos compradores han incumplido el contrato y pretende aplicar la cláusula penal contemplada en el mismo, lo que podría suponer la pérdida de los 45.000 o 50.000 euros entregados a cuenta por cada familia.

El abogado sostiene además que, una vez resuelto el contrato, estos chalés podrían volver a comercializarse y asegura que su precio actual podría situarse hasta 50.000 euros por encima del pactado originalmente. Es precisamente este segundo grupo el que ha llevado el enfrentamiento a los tribunales y al que corresponden las medidas judiciales mencionadas anteriormente.

Pero hay todavía una tercera situación. Algunos compradores no han sido convocados para escriturar y parte de ellos también ha iniciado acciones judiciales de manera preventiva ante la posibilidad de encontrarse en el mismo escenario que el resto de afectados.

El abogado ha solicitado ahora una reunión entre las familias, la promotora y el Ayuntamiento de Godelleta para tratar de buscar una solución al conflicto. Según explica a este periódico, la promotora no ha concretado hasta el momento la celebración del encuentro y el consistorio tampoco habría respondido a su petición.

Un conflicto que comenzó por los retrasos

Los problemas de Calicanto Village salieron a la luz en septiembre de 2025, cuando Valencia Plaza publicó la situación de varias familias que llevaban meses esperando la entrega de sus viviendas. La promoción había recuperado un proyecto inmobiliario que quedó paralizado años atrás y contemplaba la construcción de 36 chalés pareados. A los retrasos en las obras se añadieron posteriormente las dudas sobre el abastecimiento de agua, la depuración de las aguas residuales y la situación de la licencia urbanística.

En diciembre, los compradores denunciaron que estaban siendo convocados para formalizar las escrituras pese a que las viviendas continuaban sin licencia de primera ocupación. Algunas familias acabaron firmando mientras otras decidieron no hacerlo. Nueve meses después, el conflicto continúa abierto. Parte de los compradores que firmaron denuncia que sigue viviendo sin LPO y con trabajos pendientes, mientras que algunos de quienes rechazaron escriturar han llevado el conflicto a los tribunales.